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    El Gobierno estudia alternativas para postergar el pago de US$716 millones por un fallo del CIADI

    El Ejecutivo asegura que no tiene previsto afrontar los costos del pago en el mediano plazo, por la disputa con la empresa estadounidense AES Corporation. Intentará postergarlo todo lo posible a través de la vía jurídica.

    Ignacio  Salerno
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    Ignacio Salerno

    07 de junio 2025, 22:14hs
    El Gobierno estudia alternativas para postergar el pago de US$716 por el fallo del CIADI sobre la represa Alicurá (Foto: REUTERS).
    El Gobierno estudia alternativas para postergar el pago de US$716 por el fallo del CIADI sobre la represa Alicurá (Foto: REUTERS).
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    El Gobierno estudia alternativas para postergar el pago de US$716 millones por el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), en la disputa con la empresa estadounidense AES Corporation. Se trata del conflicto por la pesificación (realizada a la salida de la convertibilidad) de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, que está ubicada sobre el río Limay entre las provincias de Río Negro y Neuquén.

    La compañía argumentó que la Argentina violó en 2002 el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con los Estados Unidos al modificar la condición en el contrato respecto a que los ingresos estén nominalizados en dólares. Además, Nación congeló por años las tarifas eléctricas que cobran los concesionarios. El reclamo inicial fue por US$1814 millones, y con intereses podía llegar a más de US$2500 millones.

    Leé también: El Gobierno analiza pedirle a Estados Unidos una prórroga del plazo para negociar la baja de aranceles

    El Ejecutivo reconoce que no tiene previsto afrontar los costos del pago en el mediano plazo y admite que intentará postergarlo todo lo posible a través de la vía jurídica. Los beneficiarios del laudo podrían recurrir, si quisieran, a la Justicia ordinaria con este antecedente para intentar forzar el pago.

    Las presentaciones judiciales del Estado están a cargo de la Procuración del Tesoro, que preside Santiago Castro Videla. El único mecanismo que el oficialismo tiene en carpeta es el pedido de anulación, que puede ser solicitado dentro de los 120 días desde que se dicta el laudo.

    La convención del CIADI dispone que cualquiera de las partes puede solicitar la invalidación por considerar que el tribunal se constituyó irregularmente, que se extralimitó en sus facultades, que quebró alguna norma de procedimiento o bien, que hubo corrupción por parte de alguno de sus miembros, entre otros puntos.

    Una de las opciones que tiene el oficialismo en la mira es cancelar el monto con AES sin cobrarle el nuevo canon de concesión por la represa Alicurá en caso de que se presente y gane la licitación pública (Foto: ORSEP).
    Una de las opciones que tiene el oficialismo en la mira es cancelar el monto con AES sin cobrarle el nuevo canon de concesión por la represa Alicurá en caso de que se presente y gane la licitación pública (Foto: ORSEP).

    Si la Casa Rosada define solicitar la anulación del fallo, el CIADI deberá constituir una comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de las lista de árbitros, que no hayan participado del proceso previo. El tribunal puede suspender previsionalmente la ejecución del laudo hasta que se exprese sobre el pedido de anulación.

    “Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo tribunal que deberá constituirse”, agrega la norma de arbitrariedad. En el Gobierno aseguran que buscarán acordar un esquema progresivo de pago en caso de que no progrese la vía judicial.

    Leé también: Milei se mantiene al margen del cruce entre Trump y Musk y busca conservar los canales de diálogo con EE.UU.

    Una de las opciones que tiene el oficialismo en la mira es cancelar el monto con AES sin cobrarle el nuevo canon de concesión por la represa Alicurá en caso de que se presente y gane la licitación pública, que se oficializará en el corto plazo. El Ejecutivo apunta a privatizar también las otras tres hidroeléctricas de la región del Comahue.

    El Estado argentino ya fue condenado el mes pasado a pagar US$147 millones a la constructora Webuild por congelar los peajes del puente que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe a través de Victoria y Rosario. Nación cuenta además con otros procesos en el exterior, como el pago de US$1500 millones por el juicio del “Cupón PBI” tras el fallo firme de la Corte Suprema del Reino Unido.

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