Fabián Rossi, Eduardo Castro, César Fernández, Carlos Molinari y Juan Alberto De Rasis quedaron detenidos este lunes tras presentarse en Comodoro Py luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó sus condenas en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Aún falta que comparezcan ante la justicia Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, que está internado en la provincia de Chaco, pero en las últimas horas se ordenó una custodia policial hasta que reciba el alta.
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El juez ordenó a la división de Resistencia de la Policía Federal Argentina a que custodie a Mendoza de manera permanente.
La orden fue emitida por el Tribunal Oral Federal 4 que notificó a los condenados a que se presentaran este lunes “para hacer efectivas sus detenciones”.
Según pudo saber TN, los detenidos quedarán alojados en la alcaidía de la Policía Federal en Madariaga, Villa Lugano, donde les realizarán estudios médicos para determinar su situación.
Sucede que todos los involucrados presentaron previamente certificados médicos donde solicitaron la prisión domiciliaria. Tras conocerse la sentencia, sus defensas realizaron también nuevos pedidos para el otorgamiento de dicho beneficio por cuestiones de edad.
La mayoría tiene más de 70 años, edad que habilita a la justicia a otorgar la prisión domiciliaria. Fuentes confirmaron a este medio que todos los pedidos serán analizados en legajos distintos.
En el marco de esos legajos es que se ordenaron los estudios médicos para determinar en qué situación de salud se encuentran los condenados.
Los empresarios recibieron penas de prisión por tener distintos grados de participación en la maniobra que permitió a Báez lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I, conocida como “La Rosadita”.
La causa comenzó en 2013 luego de un informe periodístico en el programa PPT de Jorge Lanata en donde se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
El programa incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y de Leonardo Fariña, en una cámara oculta.
El juez Casanello ordenó en abril del 2016 la detención de Lázaro Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que fugaran. En aquel momento también fue arrestado el abogado Jorge Chueco, que había huido a Paraguay.
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La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de US$54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
Luego se adquirieron bonos de deuda pública que ulteriormente fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Finalmente, la Corte Suprema confirmó la condena por lavado de activos el jueves pasado.
