Desde hace semanas, Unión por la Patria, Encuentro Federal, La Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda vienen trabajando juntos diferentes ejes temáticos en Diputados buscando consensuar proyectos. Lo último fue el martes, cuando cerraron los plenarios de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto dictaminando 14 proyectos vinculados con la clase pasiva: desde la prórroga a la Moratoria Previsional, hasta un aumento a las jubilaciones y pensiones del 7,2%. Se trata de iniciativas que el Gobierno buscará que no sean aprobadas por el Congreso.
Este lunes, representantes de cada uno de esos bloques fijarán para el miércoles 21 de mayo a las 12 la sesión especial para llevar estos temas al recinto, aunque buscarán consensuar los dictámenes.
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Encuentro Federal, de Miguel Pichetto, ya le hizo saber a UxP, de Germán Martínez, que la prórroga por dos años de la ley de Moratoria Previsional -que venció el pasado 23 de marzo- no logra consensos, y por lo tanto no alcanza las mayorías reglamentarias para ser aprobada, ante la oposición de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, entre otros.
Allí entra la negociación. UxP aceptaría relegar la Moratoria a cambio de apoyar el dictamen de Nicolás Massot, de Encuentro Federal, vinculado a la creación de una prestación proporcional a los años de aportes, eliminando el requisito de los 30 años.
Esa propuesta coincide en parte con la planteada con los diputados Alejandra Torres, de Córdoba, y de Agustín Domingo, de Río Negro. “Los 30 años de aportes es un requisito muy rígido que atenta contra los incentivos que tiene que tener el sistema para que haya más aportantes. Funciona como un desaliento y es altamente inequitativo: si llega la edad de jubilarse sin un aporte de 30 años, esos años de aportes, sean 20, 15 o diez, no valen nada, ya que no puede accederse a una jubilación. Es muy injusto. Por ese motivo, proponemos eliminar ese requisito”, le dijo Domingo a TN, días atrás.
El dictamen de Massot señala que la prestación proporcional tendría un cálculo del 85% de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que por ley es menor a la jubilación mínima (el 80%), más el 1,5% adicional por año de aporte que haya realizado el trabajador.
Unión por la Patria buscará que la base sea directamente la PUAM, y de allí se calculen los años de aportes. Una idea que podría lograr los acuerdos necesarios y avanzar en beneficio de los próximos jubilados.
Con esa misma postura -crear una prestación proporcional-, están los diputados del PRO que responden a Mauricio Macri: Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas, Martín Ardohain, Luciano Laspina y María Eugenia Vidal.
Aumento del bono y las jubilaciones
Los proyectos vinculados a actualizar el bono jubilatorio que el presidente Javier Milei otorga desde diciembre del 2023 a las jubilaciones mínimas, está desde sus comienzos fijado en $70.000. Los dictámenes consensuados buscan llevarlo a $115.000. También establecen un aumento para todas las jubilaciones y pensiones en el orden del 7,2%.
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“Otórgase un incremento excepcional y de emergencia a todas las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES”, señala el dictamen que lleva las firmas de los diputados de UxP, encabezados por Manuel Herrera y Carlos Heller. Con dictámenes propios, pero en el mismo sentido, está el Frente de Izquierda, Encuentro Federal (que propone llevar el bono a 100 mil pesos), la Coalición Cívica y Democracia para Siempre.
La propuesta de aumentos, a pesar de no contar con el respaldo de los libertarios, el PRO y la UCR, podría lograr una mayoría importante para ser aprobada el próximo miércoles. De ser así, desde La Libertad Avanza adelantaron que sucederá lo mismo que durante el debate jubilatorio del 2024, es decir, el veto presidencial de Milei.
Es incierto saber si el Congreso actuará de la misma manera. Y si el Gobierno logrará, con un tercio del Cuerpo, 86 diputados nacionales, para blindar el veto y que no sea rechazado por el Parlamento.
El oficialismo propone una comisión de expertos
La Libertad Avanza, junto al MID, los radicales libertarios de Liga del Interior y el PRO que responde a Patricia Bullrich, proponen la creación de una comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma Integral del Sistema Previsional Argentino, con el objeto de estudiar, analizar y proponer al Congreso un proyecto que comprenda la reforma estructural del régimen de jubilaciones y pensiones. La UCR, de Rodrigo de Loredo, también propone el análisis de especialistas.
“Uno de los factores más corrosivos de esta inequidad son los regímenes de excepción. En la actualidad, coexisten en nuestro país más 170 regímenes previsionales especiales, los cuales representan aproximadamente el 40% de los beneficios previsionales otorgados en el país y más de la mitad del gasto total del sector. Muchos fueron creados con criterios parciales o circunstanciales, sin una evaluación técnica suficiente ni proyecciones de impacto fiscal”, dijo en sus fundamentos la diputa del PRO Silvana Giudici.
Por primera vez en la gestión de Milei, el PRO se mostró dividido en los dictámenes de las comisiones.
Impacto Fiscal de los dictámenes
A pedido de los legisladores, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que encabeza Gabriel Esterelles, detalló el impacto fiscal de las mediadas a implementar. La OPC entendió que la prórroga por dos años del régimen de regularización previsional previsto en la ley 27.805 tiene un costo estimado del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165%.
Según información disponible, y considerando que muchos beneficiarios potenciales de la PUAM elegirían el beneficio contributivo, se calculó que existirían 441.226 nuevos beneficiarios que ingresarían aproximadamente la mitad el primer año y el resto, el segundo.
Si el valor del bono que refuerza los haberes mínimos subiera a partir de junio de $70.000 por mes a $105.000, el costo fiscal sería de $1.164.172 millones (0,14% del PIB), con un costo anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB). En caso de que el beneficio subiera a $115.000, el impacto llegaría a $1.500.961 millones (0,17% del PIB), con un costo anualizado de $2.567.477 millones (0,30% del PIB).
Causa Libra y la comisión investigadora
La oposición buscará destrabar la elección de las autoridades de la comisión investigadora para poder comenzar el trabajo específico de determinar que ocurrió con la promoción de Javier Milei de la criptomoneda Libra, el pasado 14 de febrero.
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La Cámara de Diputados creó una comisión investigadora conformada por 28 miembros, que encontró en su interior una paridad de 14 votos para cada sector entre sus integrantes. Al fracasar en su intento de nombramientos en su primer encuentro, la oposición buscará destrabarlo en el recinto este miércoles.
Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, argumentará cuestiones reglamentarias para, de ese modo, dilatar estas definiciones y el funcionamiento de la comisión investigadora, que podría citar a funcionarios nacionales al Congreso.
