La Justicia tiene pendiente resolver el posible procesamiento de Alberto Fernández en la causa Nación Seguros. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, el nuevo juez a cargo, Sebastián Casanello, ordenó profundizar una línea de investigación vinculada a un posible testaferro del expresidente.
El magistrado dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta presidencial de Olivos y amigo personal de Fernández. Además, le solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) un informe detallado sobre su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.
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La hipótesis que investiga la Justicia es si Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Héctor Martínez Sosa, broker que también está bajo la lupa en esta causa. Se trata de un requerimiento clave en esta etapa de la investigación para determinar el veradero rol de este hombre.
En la causa Seguros se investiga un decreto de la gestión de Alberto Fernández que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Ese decreto fue derogado en la gestión de Javier Milei.
En este sentido, la Justicia tiene en la mira la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del exmandatario. Los 39 involucrados ya prestaron declaración indagatoria, por lo que está pendiente su eventual procesamiento.
Causa Seguros: la Justicia profundiza la investigación sobre un posible testaferro de Alberto Fernández
Un dato clave en esa línea de investigación es que, aunque Rodríguez vivía en la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández en la Casa Rosada, también ocupaba una vivienda ubicada en la calle Maestra Elizarraga al 2600, Martínez, que en realidad pertenecía a Martínez Sosa.
Desde que asumió la causa en febrero, Casanello avanza en el análisis de los vínculos entre los protagonistas. En ese sentido, también pidió a ARCA un informe en el que se detallen las relaciones de Daniel Rodríguez con Alberto Ángel Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y la empresa “Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.”.
El objetivo del juez es entender el rol que cada uno de ellos tuvo en los hechos investigados.
Aunque no hay plazos definidos, en el juzgado trabajan para resolver “lo más pronto posible” la situación procesal de Fernández, que está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
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Semanas atrás, Casanello ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández; del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano; de Martínez Sosa; de su esposa, María Cantero —histórica secretaria del exmandatario—; del broker Pablo Torres García; y de las firmas Bachellier, San Ignacio, San Germán, TGG Broker, entre otras. En total, son 51 personas físicas y jurídicas alcanzadas por la medida.
En su presentación ante la Justicia, Alberto Fernández declaró que no incurrió en ninguna irregularidad o acto de corrupción relacionado con el decreto que involucra a Nación Seguros: el exjefe de Estado negó categóricamente haber ayudado a su amigo Héctor Martínez Sosa a conseguir contratos con el Estado como broker.
Fernández, que se negó a responder las preguntas del juez Julián Ercolini (que estaba entonces a cargo de la causa) y el fiscal Carlos Rívolo, defendió el decreto 823/2021, que obligó a las entidades estatales a contratar pólizas a través de Nación Seguros. “En lugar de pagarles a empresas privadas, podíamos direccionar esos recursos a una aseguradora que los dirigía a Banco Nación para mejorar la existencia crediticia”, señaló.
