La causa que investiga al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a través de supuestos negocios con la VTV y las fotomultas, podría dar un giro inesperado hacia un nuevo delito.
El abogado de la Coalición Cívica Matías Yofe pidió investigar si las empleadas de la peluquería “Hairspray”, que fue allanada en enero pasado, son empleadas del Senado bonaerense aunque no cumplen ningún tipo de función en esa cámara.
En el caso D’Onofrio -que se generó tras una denuncia de la diputada nacional y candidata a legisladora porteña Paula Oliveto- se investigan dos posibles delitos. Por un lado la defraudación a la administración pública, tras las presuntas irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Según la denuncia que formuló la Coalición Cívica de Elisa Carrió, D’Onofrio y la exconcejal de Pilar Claudia Pombo habrían facilitado que una firma, llamada Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., se hiciera cargo de la asignación de turnos para VTV en la provincia de Buenos Aires.
También la pesquisa tiene en la mira un esquema de gestores que percibían dinero a cambio de borrar multas del sistema. Estos gestores trabajaban en conjunto con jueces de falta que dictaban sentencias por el mínimo de la pena. Lo que se investiga es si hubo connivencia con la gestión de D’Onofrio.
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Justamente en enero pasado, el juez Adrián González Charvay ordenó un allanamiento sobre una financiera llamada Token Capital, cuyo dueño es director de la empresa que ganó el contrato de la VTV y sobre una peluquería vinculada a Pombo. Se cree que los acusados lavaban el dinero que le habría pagado esta empresa en concepto de coimas a través de ambas firmas que funcionaban en el hotel Sheraton de Pilar.
Ahora el abogado Yofe aportó chats a la Justicia para pedir que se investigue si la exconcejal Pombo manejaba las tarjetas de débito de una serie de empleados del Senado bonaerense, que en rigor trabajaban en su peluquería. Algo muy parecido al caso “Chocolate” Rigau, que fue revelado por TN.
La prueba que se aportó marca que una supuesta empleada de Pombo figura con un cargo en el Senado provincial, aunque ella misma reconoció que nunca trabajó ahí. Se trata de Sandra Argentina Cruz, que en una serie de chats dice que trabaja para Pombo.
TN se comunicó con autoridades de la Legislatura de la provincia para tener su versión de esta presentación de la Coalición Cívica. “La información referida a la relación laboral de personas con la institución es de carácter privada y, por norma, solo puede ser proporcionada ante requerimiento judicial”, afirmaron.
Este medio también se comunicó con D’Onofrio y Pombo, pero no obtuvo respuesta.
Los chats que aportó la Coalición Cívica al expediente
A lo largo de la conversación, Sandra Cruz, de Hairspray, niega ser empleada del Senado, aunque en sus antecedentes laborales figure el haber trabajado en esa cámara.
“Disculpe no pude contestar sus mensajes porque estaba trabajando. Yo soy manicura, nunca trabajé en ningún senado”, aseguró en una tramo de la charla.
“Señor, le vuelvo a repetir. Nunca trabajé en un Senado. Solo como manicura y la dueña Claudia Pombo me blanqueó y yo jamás supe que me blanqueó para otra cosa que no sea trabajar en manicura”, agregó.
Según fuentes cercanas al caso, Pombo habría manejado varias tarjetas de débito del Senado. Para blanquear ese dinero, habría utilizado un bingo en Pilar, al que acudía con los plásticos, retiraba dinero en caja, jugaba y, en connivencia con el bingo, simulaban ganar para luego llevarse el efectivo “blanqueado”. Esto es una hipótesis que todavía no se probó en el caso.
En el expediente que tiene en la mira a D’Onofrio se investigan dos maniobras. Una de estas está vinculada a supuestos negocios con las fotomultas.
Un grupo de gestores ofrecían eliminar multas a cambio de cobrar la mitad de lo que se debía. Estos gestores trabajaban con jueces de falta -entre ellos se lo investiga a Mario Quattrochi- que dictaban sentencias por el mínimo de la pena.
De esta manera, si una persona debía un millón de pesos, al pagar $500.000 a este grupo de gestores lograba que el juez dictara una sentencia por el mínimo de la pena. Lo que se investiga es si esos gestores y jueces trabajan en coordinación con el ministerio de transporte que conducía D’Onofrio.
Por otra parte se investiga un esquema de irregularidades en la asignación de la VTV. La denuncia indica que D’Onofrio y Pombo facilitaron que dos empresas se queden con contratos millonarios: una para asignar turnos, y otra para adjudicar las zonas en donde se hace la verificación.
La empresa soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A. proveía de servicios tecnológicos a concesionarios de VTV, entre estos, contar la cantidad de personas que asistían a la verificación. Por esos servicios, cobraban el 8,5% del servicio de la VTV, un valor que la Justicia entiende está muy por encima del mercado.
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Uno de los directores suplentes de esta empresa es Cristian Germán Ojeda. Este hombre también aparece en la firma Franutec, una de las empresas beneficiadas con contratos de VTV. Le adjudicaron las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires.
Ojeda es dueño de Token Capital, la financiera allanada. El juez provincial de faltas de La Plata y San Isidro Quattrochi participó de la evaluación de ofertas de empresas adjudicadas para la VTV, algo que los denunciantes consideran inusual.
Además, aportaron información respecto de supuestos viajes que el magistrado hizo con Pombo a Europa. La exconcejal, además, viviría en una casa de un Country de Pilar vinculado a dos empresas que este juez tiene en Europa. Las firmas, creen los denunciantes, también pertenecen a la propia Pombo.
La fiscalía de Álvaro Garganta avanzó en los últimos días con medias de prueba importantes. Entre ellas, la convocatoria como testigo a personas que podrían aportar datos valiosos sobre las maniobras que se investigan en el caso.
