El Gobierno busca acercar posiciones con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y sostiene que el paro -que la central obrera convocó en estas horas para el jueves 10 de abril, con una movilización desde el mediodía del miércoles 9- es una “sobrereacción”. El Ejecutivo asegura que buscará establecer contacto con los líderes sindicales para evitar que se concrete la medida, aunque reconoce que es “poco probable”.
La Casa Rosada intentará comunicarse en los próximos días con Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA), pero descarta convocar a una reunión en Balcarce 50. Los encargados de llevar las negociaciones son el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
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“La idea es conversar la semana que viene. Hay ver qué tienen para decir y cuáles son sus posiciones”, expresan en Nación. En Balcarce 50 acusan a la cúpula de la central sindical de impulsar un paro por un “movimiento político” a raíz de la macha de los jubilados del miércoles.
La mesa política del oficialismo no descarta sumar a la negociación a los dirigentes sindicales Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). Manifiesta además que mantendrá la estructura del operativo de seguridad que aplicó en la marcha de este miércoles en caso de que se convoque a una movilización.
El Gobierno buscó establecer una tregua con la CGT desde mediados de 2024 a través de concesiones en la reglamentación de los cambios laborales que sancionó en el Congreso. Evitó incluir en el decreto el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas.
Es por eso que postergó el envío de una nueva reforma laboral ampliada al Congreso para 2026 junto con los cambios que quiere impulsar en el régimen previsional. Se trata de las iniciativas que incluyó en la firma del Pacto de Mayo y que buscó trasladar a un consejo integrado por representantes de las provincias, los sindicatos y las empresas.
Nación pospuso también cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) para fijar la aplicación de los convenios específicos sobre los colectivos y establecer “un sistema de acuerdo entre privados en el que no se meta ninguna tercera parte”.
La Casa Rosada frenó además el proyecto de la UCR que propone límites a las reelecciones sindicales junto con modificaciones en el sistema de obras sociales relacionadas con los gremios. “Queremos que los cambios se hagan con consenso y sobre bases estables”, expresan en el oficialismo.
