“Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República”. Y “el que avisa, no traiciona”, podría haberse agregado a ese mensaje que se difundió este miércoles desde bien temprano en todas las estaciones de tren. Se escuchaba por altoparlantes cada 30 segundos y se leía en todas las pantallas.
El Gobierno se preparó para no ceder en su decisión de mantener el orden público y celebró el resultado de la jornada en el Congreso, adentro y afuera. La calle estuvo liberada, la violencia reducida a grupos minúsculos y en el recinto consiguió el aval para un nuevo acuerdo con el FMI.
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En el Gobierno insisten en que el control de la calle es una demanda social, harta de los piquetes y el descontrol durante los gobiernos anteriores. Para otros, sin embargo, la política del Gobierno va más allá de esa pretensión y lo que busca es “la aniquilación de la protesta social” ¿Esa también es una demanda de la mayoría? Veamos.
“Vino muy poca gente y otro tipo de manifestantes. No se vieron a los grupos violentos e inorgánicos de la semana pasada”, analizó un miembro del Gobierno con poder de decisión. Y adjudicó esa caída en la participación a los controles que realizaron en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y el trabajo de inteligencia del ministerio de Seguridad que, este miércoles, le presentó a la jueza Karina Andrade la identidad de casi 30 manifestantes de la semana pasada que, aseguran, cometieron delitos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siguió el operativo desde el Comando Central Conjunto de la policía. Una persona que estuvo también en ese edificio saturado de televisores para seguir casi cuadro por cuadro lo que pasaba en la calle, escuchó a Bullrich dar órdenes específicas y hasta diseñar estrategias de comunicación.
Fue ella la que advirtió que un grupo estaba utilizando pirotecnia en uno de los puntos cercanos al Congreso y dio la orden para que se les advirtiera, con megáfono, que dejaran de hacerlo. También la escucharon vociferar contra Victoria Villarruel cuando cerca de las cinco de la tarde, la vicepresidente salió del Senado para saludar a la policía. “¿Qué hace Villarruel? ¡Qué no me distraiga a los efectivos! ¿Qué está haciendo esta mujer?”, aseguran que se quejó la ministra.
A diferencia de la manifestación anterior, la de este miércoles no tuvo escenarios de enfrentamiento total, ni heridos de gravedad. El operativo estuvo mejor organizado y el despliegue de los más de 1500 mil efectivos (federales y porteños) consiguió dispersar a los manifestantes sin librar una batalla campal. Esta vez salió mejor ¿Por qué mejor? Porque para el Gobierno el despliegue del primer miércoles contra los barrabravas (así lo construyeron y en parte así fue) no fue condenado por las mayorías. Todo lo contrario.
¿Hay una reconfiguración del espacio social?
Por eso, de cara a esta nueva convocatoria, el Gobierno de Javier Milei redobló la apuesta. Afuera y adentro. Convocó a una sesión especial para aprobar el DNU que autoriza un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo hizo con escándalo. El DNU se aprobó en la Cámara Baja al tono de diputados que se prometían “piquitos” y se acusaban de fascistas por megáfono.
“Hay una reconfiguración del espacio social: antes te ponían en crisis los piedrazos”, analiza un peronista con experiencia en gestión, pero más en estrategia política. Tiene sentido. En el Gobierno dicen algo parecido. Consultada una altísima fuente de la Casa Rosada sobre qué límite podía encontrar el operativo oficial, la respuesta fue: “Ya no estamos en 2017. No creo que la sociedad se doblegue”.
Es cierto. En 2017, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió hacer una reforma jubilatoria, el primer intento resultó fallido. Fue el 14 de diciembre y la sesión en Diputados se terminó suspendiendo porque la calle era un hervidero. Bajo el liderazgo de Bullrich, también ministra de Seguridad en ese momento, la policía buscó mantener en orden la calle y terminó enfrentándose con militantes y diputados del peronismo y la izquierda.
A los tres días, la sesión volvió a realizarse, la reforma se aprobó y la calle volvió a ser un caos. Pero con una diferencia crucial: el operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta, con la premisa: “Aguantar”. El día terminó con 162 heridos, de los cuales 88 eran policías. Macri está convencido de que en aquella movilización, con las “catorce toneladas de piedras”, comenzó el final de su Gobierno. Milei aseguró que eso no le iba a pasar. Y redobló la apuesta con la convicción de contar con el apoyo popular.
Este no es el Gobierno de una coalición, ni las demandas sociales son las de 2017. Es otro tiempo, aunque a muchos dirigentes de la oposición les cueste entenderlo. El sociólogo y antropólogo Pablo Semán lo pone en estos términos: “Nosotros pasamos, en los últimos 20 años, de sentir que teníamos un destino común a sentir que no lo tenemos y ahora entramos en otra etapa donde no solo sentimos que no tenemos un destino común, sino que cada uno piensa que tiene un destino si aniquila al otro. Eso es un nivel de violencia sobre lo que tenemos que llamar la atención”.
Y agrega: “Hay una decisión del Gobierno que va más allá del control de la calle. De un protocolo para controlar las consecuencias más negativas de la protesta social, que es una decisión de decir: no tiene que haber protesta social. El operativo represivo estaba armado independientemente de los violentos que pudieran participar de la movilización”.
