El Gobierno no tiene certezas sobre lo que pasará con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema. Siguen de cerca los movimientos del Senado, dialogan con los gobernadores y evitan dar definiciones sobre el futuro del juez federal que aun no fue nombrado.
En Casa Rosada saben que a la Cámara Alta solo le falta conseguir una firma para el dictamen de Mansilla (el de Lijo ya las tiene), el catedrático que fue designado en comisión en la Corte y que generó malestar en el ámbito legislativo. “Nos dijo que no quería ser nombrado por decreto y después pasó todo lo contrario”, dijo una fuente parlamentaria.
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Si el dictamen consigue las nueve firmas, podrá ser tratado en el recinto, donde hay dudas de que sea aprobado. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran tener conocimiento de la situación. “Si el Senado rechaza a Mansilla, él se tendrá que ir”, dijo un funcionario del Gobierno.
El Gobierno también mantiene conversaciones con algunos gobernadores radicales que podrían intentar bloquear el rechazo de ambos pliegos en el Senado, a cambio de recursos durante este año electoral.
Esta situación es similar a la que ocurrió a finales de febrero, donde el Ejecutivo logró evitar la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra. En ese momento, seis senadores de la UCR que responden a sus gobernadores decidieron votar en contra de la medida.
La reacción del Ejecutivo ocurre tras la firma del flamante ministro en contra de la licencia de Lijo para que asuma su nuevo puesto sin dejar su cargo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4.
En ese contexto, los radicales están en la mira del oficialismo como potenciales actores claves para cuidar la designación de Mansilla, pero también la de Lijo.
En la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta se encuentra Martín Lousteau -que ya presentó un dictamen en contra con Guadalupe Tagliaferri del PRO-, Mariana Juri, Maximiliano Abad y Carolina Losada. Estos últimos tres son los legisladores de la UCR en condiciones de firmar el dictamen de Mansilla.
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“Si el Senado dice que no, que no da acuerdo, Mansilla deja de ser juez de la Corte”, ejemplificó un legislador en el caso de que el documento obtenga el rechazo del Senado.
Para rechazar los pliegos, se necesitan 25 votos en contra. Esto es así porque la Constitución establece que para aprobarlos se necesitan los dos tercios de los votos de los senadores presentes, es decir, 48 a favor, siempre y cuando estén presentes los 72 legisladores.
Por otro lado, en relación con la situación de Lijo, el Ejecutivo prefiere ser cauteloso. “Hay que preguntarle a los senadores”, bromearon este lunes en Casa Rosada ante la consulta de este medio. Según pudo saber TN, el oficialismo no habría tenido contacto con el juez federal desde la apertura de sesiones ordinarias. “Fue coherente en insistir con no ser invitado al Congreso”, detalló un funcionario.
“No tenemos un plan B para Lijo. Si la Corte no le toma juramento es una decisión de la Corte, el Gobierno no puede hacer nada”, dijo Guillermo Francos sobre el asunto, en diálogo con AM 750.
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