Javier Milei le escapa a la incertidumbre. No le gustan las apuestas propias de cualquier debate legislativo. Por eso, el jueves decidió y anunció que dictará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para aprobar el acuerdo con el FMI.
Utilizar un DNU es el camino poco ortodoxo. Y no permite al Gobierno mostrarle al Fondo si tiene consenso de la oposición para llevar adelante un programa plurianual que superará el período de gestión del Presidente. Pero es el camino más seguro. Y Milei no quiere arriesgar.
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La ley 27.612, de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada durante la gestión de Martín Guzmán al frente de Economía, es clarísima. El artículo 2 estableció que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Es decir, se necesitaría enviar un proyecto de ley, que intervengan las comisiones y que tanto las cámaras de Diputados como Senadores la aprueben expresamente.

Pero Milei teme que el Senado, donde Unión por la Patria controla 34 bancas, pueda ser un obstáculo insalvable. En cambio, el DNU implicará la aprobación automática de la negociación. El Gobierno se autoriza a sí mismo a negociar y cerrar el acuerdo con el FMI y seguirá vigente mientras ambas cámaras legislativas no lo rechacen —algo que ocurrió una sola vez en la historia-.
El escándalo cripto y el nombramiento de Ariel Lijo y de García Mansilla por decreto y en comisión fueron dos hechos que irritaron a los senadores. El tiempo político empieza ser más lábil que el de 2024.
El mismo jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el acuerdo con el FMI no reclama ninguna devaluación. Sí exige al BCRA un sendero de acumulación de reservas. Por eso el funcionario les aconsejó a los industriales que no pidan una modificación del tipo de cambio, sino que bajen los precios.
Casi al mismo tiempo que el funcionario hablaba en Mendoza, la Unión Industrial (UIA) difundió un informe que resume sus preocupaciones. Afirma que más del 42% de las empresas encuestadas dan cuenta de caída de la producción y de las ventas; denuncias estar preocupada por la reducción de la demanda, el aumento de los costos y, la mayoría, considera que el uso de la capacidad instalada de las fábricas -promedio de 58,8%- está por debajo del nivel óptimo.

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Milei, una y otra vez, critica a los empresarios que considera prebendarios y que reclaman cerrar las importaciones y mantener altísimos niveles de rentabilidad. Los industriales, bajo el adorno de frases diplomáticas del estilo de que están esperanzados con el segundo semestre, insisten con críticas a la política económica.
La inflación continúa bajando. La motosierra no se detiene y Milei mantiene el equilibrio fiscal. Pero el Gobierno necesita garantizarse otro éxito: un acuerdo con el FMI que le posibilite esquivar un salto devaluatorio brusco. Y que le permita salir del ruido que generó el escándalo cripto, el debate por los nombramientos en comisiones de Lijo y García Mansilla y el temor que genera que el BCRA haya volcado casi US$1000 millones en un solo mes para mantener la estabilidad cambiaria.