La jueza federal María Servini fue sorteada para encargarse de las acusaciones que recibió Javier Milei por la criptomoneda Libra. Sin embargo, como adelantó TN, el fiscal federal Eduardo Taiano será el encargado de llevar la instrucción de la causa y decidir qué medidas se tomarán.
Esta semana, Servini comenzó a solicitarles a los denunciantes que ratifiquen las denuncias contra el mandatario. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 tomó declaraciones mientras esperaba el regreso de Taiano, que debía analizar si había grado de sospecha, o no, para avanzar con la investigación.
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En Comodoro Py indicaron que era poco probable que Taiano desestimara la causa, en medio de la polémica que se generó tras la decisión del Presidente de promocionar en sus redes sociales el token Libra. El viernes pasado, la moneda tenía un valor mínimo, y llegó a valer US$5,20 tras la publicación del libertario.
Horas más tarde, el conflicto escaló porque la criptomoneda se desplomó tras la salida de sus principales jugadores, mientras que otros inversores denunciaron haber sido damnificados.
Hasta ahora, hay 112 denuncias contra Javier Milei, y todas recayeron en el juzgado que lidera Servini. La primera acusación la realizó el Observatorio del Derecho de la Ciudad, lo que abrió una vía para que las demás denuncias también ingresen al Tribunal ubicado en Retiro. “Están todas unidas en una sola”, explicaron fuentes judiciales.
La demanda del Observatorio señaló que Milei “formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda Libra que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdida de más de cuatro millones de dólares″.
Sin embargo, como adelantó TN, el Gobierno sostiene públicamente que el asunto de las criptomonedas es “un tema personal entre privados”. Además, en diálogo con ¿La Ves?, el mandatario agregó: “Yo no cometí ningún delito, la Justicia va a definir esto”.
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Las alternativas en la investigación
Si el fiscal Taiano avanza con la investigación penal, será el responsable de analizar las acusaciones que existen en las denuncias y, a partir de ello, calificar los delitos. En ese contexto, las demandas existentes buscan responsabilizar al mandatario argentino por estafa, por negociaciones incompatibles con la función pública y por asociación ilícita.
Según pudo saber TN, en caso de que el proceso avance y se definan los delitos, algunas de las medidas que la Justicia evaluaría son: peritajes de los teléfonos y las computadoras de las personas involucradas y el exhorto internacional. Este último punto es un procedimiento legal en el ámbito internacional, que requiere la orden de la juez, para permitir la cooperación entre jurisdicciones e impulsar diligencias en un lugar donde el magistrado a cargo no tiene competencia.
