El Gobierno nacional empezó la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL). Tal como había adelantado TN, se revisarán más de un millón de subsidios que se entregan a beneficiarios de todo el país, tarea que tendrá a cargo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Si bien el resultado de todo el proceso se conocerá en marzo, en enero se llevó adelante una especie de muestreo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se analizó un universo de 1108 personas que reciben estas pensiones. Y los resultados arrojaron irregularidades:
- El 31,6% (357 personas) no se presentó a la convocatoria.
- El 16,6% (126 personas) eran beneficiarios que no cumplían con los requisitos para percibir la pensión.
- Hubo 20 bajas al constatar que la persona estaba fallecida, o por decisión de los propios beneficiarios.
La auditoría en pensiones por invalidez laboral: el 30% no se presentó y detectaron beneficiarios irregulares
Esta auditoría se enmarca en el plan del gobierno de extremar los controles sobre las prestaciones que otorga el Estado, como la actualización de las condiciones para determinar la invalidez laboral que había sido publicada en el Boletín Oficial.
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Tal como adelantó este medio, se auditarán un total de 1.013.400 casos en toda la Argentina. La decisión de revisar cada uno de estos expedientes surge tras la detección de irregularidades en un operativo previo: en 2024 se auditaron 22.417 pensiones, de las cuales el 80% no cumplía con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Como parte de esas inspecciones, se dieron de baja 212 pensiones que eran cobradas desde cárceles y otras 150 pertenecientes a personas fallecidas.
El Gobierno sostiene que la falta de digitalización de los registros ha sido uno de los principales obstáculos para garantizar la transparencia en el otorgamiento de estos beneficios. Por ello, una parte fundamental del proceso de auditoría consiste en la digitalización de los documentos de cada beneficiario, a fin de evitar pérdidas de información y asegurar que todas las personas tengan la oportunidad de revalidar su situación mediante evaluaciones médicas y controles documentales.
“La normativa está nutrida de los baremos previamente confeccionados por expertos en medicina legal-laboral, y en cada una de las especialidades y conocimiento de campo, tanto en la valoración pericial del daño como en la evaluación de las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas, a lo largo de todo el país”, planteó el Gobierno.
Pensiones por discapacidad: cómo es la auditoría
El operativo se desarrollará en varias etapas:
- Relevamiento de datos y verificación documental. Se analiza la documentación de cada pensionado para determinar si cumple con los requisitos exigidos por la ley.
- Evaluación médica en territorio. Equipos de médicos de PAMI realizan controles presenciales para constatar el estado de salud de los beneficiarios y la veracidad de la documentación presentada.
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- Análisis de datos por parte de ANDIS. Se procesan los informes médicos y se cotejan con la normativa vigente.
- Resolución del caso. Se decide si el beneficiario mantiene la pensión o si corresponde su suspensión por incumplimiento de los requisitos.
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El proceso de auditoría se desarrollará de manera progresiva durante todo el 2025. La meta es avanzar de manera escalonada y garantizar que cada caso sea analizado en profundidad antes de tomar una decisión final.
Según pudo saber TN, los resultados de la auditoría a nivel nacional estarán disponibles en marzo, cuando se espera que el Ejecutivo presente un informe detallado.
