La Justicia ordenó el allanamiento en la financiera Token Capital y la peluquería Hairspray, vinculadas al exministro de Transporte de Buenos Aires Jorge D´Onofrio. Como resultado, se secuestraron dos tickets de depósito en cuenta corriente, por montos similares: $11.046.000 y $11.050.000. Además, la Policía se llevó dos celulares de los empleados del salón de belleza.
En el allanamiento, que tuvo lugar este miércoles, también se encontraron máquinas de contar billetes, una caja registradora, una caja fuerte y cámaras de seguridad. El operativo fue orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, en el marco de una causa que investiga al exfuncionario del gobernador Axel Kicillof por presunto lavado de dinero.
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El caso también involucra a la pareja de D’Onofrio, la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar Claudia Pombo, que fue destituida al explotar el escándalo, en noviembre pasado.
En la causa se investiga defraudación a la administración pública, tras las presuntas irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según una denuncia de la Coalición Cívica, D’Onofrio y Pombo habrían facilitado que una firmada llamada Solutiontec se hiciera cargo de la asignación de turnos para VTV en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las investigaciones, el director de esa compañía figura además como responsable de Token Capital, la financiera allanada.
En paralelo, el exfuncionario bonaerense enfrenta una causa en la que se lo acusa de ser parte de un esquema paralelo de gestores. Según la denuncia, ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar.
Al parecer, estos gestores operaban con jueces de falta que dictaban sentencias por el mínimo de la pena, a cambio de una coima. De ese modo, si por ejemplo una persona debía $1.000.000, estos gestores se quedaban con $500.000 a cambio de dictar una reducción en el importe a pagar.
Es por eso que la Justicia investiga si esos gestores y jueces de falta trabajaban en coordinación con el Ministerio de Transporte, que por entonces conducía D’Onofrio.
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El exministro comenzó a ser investigado tras renunciar en diciembre a su cargo en el Gabinete de Kicillof, luego de que la Justicia de Campana levantara el secreto fiscal y bancario del funcionario por el escándalo de la VTV, que generó pérdidas económicas en Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en Buenos Aires. Según la denuncia, la firma sufrió una caída en sus recaudaciones de entre cuatro y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
Por otro lado, Mario Quattrochi, juez provincial de faltas de La Plata y de San Isidro, también es investigado, ya que participó de la evaluación de ofertas de empresas adjudicadas para la VTV.