La diputada nacional de la UCR Gabriela Brouwer de Koning presentó un proyecto de ley para derogar las jubilaciones especiales de la Iglesia. “Dichas leyes tuvieron su origen durante la última dictadura militar y al día de la fecha han quedado desfasadas respecto a la evolución social, política y económica de la Argentina y obsoletas en su operatividad”, señaló la legisladora en su presentación.
Y remarcó: “También se propone la derogación del pago de retribuciones a la curia castrense, hasta el día de hoy en vigencia. La pretensión aquí propuesta tiene que ver con un trabajo constante que a lo largo de los años ha desarrollado la Unión Cívica Radical para fortalecer la separación entre la Iglesia y el Estado y el acceso igualitario al sistema previsional”.
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Uno de los argumentos centrales de la legisladora radical es que “la neutralidad (no la negación) del Estado frente a las diversas religiones en una sociedad es un fundamento elemental para no crear categorías de personas que vulneren la igualdad ante la ley por razones religiosas en materia previsional y fiscal en general”.
En la misma línea, la diputada manifestó: “En un contexto en donde el gobierno nacional manifiesta la necesidad de revisión de cualquier tipo de gasto público, es importante aportar este tipo de elementos para la discusión”. Y añadió: “Desde el 1° de enero del corriente, la Iglesia Católica ya no recibe más aportes económicos del Estado para el pago de asignaciones mensuales para los obispos, sacerdotes y seminaristas".
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Según se establece en la iniciativa, los decretos leyes que serían derogados son 5. Uno de ellos es el decreto ley 21.540 que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
Otro de los apuntados es el decreto ley 21.950 que establece una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70 % de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
En tanto, se busca eliminar el decreto ley 22.162 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.
También se busca derogar el decreto ley 22.430 que establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.
Por último, el proyecto propone derogar el decreto ley 22.950 que establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.