El Gobierno inició una auditoría interna en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para investigar qué objetivo tenía la lista de empresarios kirchneristas que fue encontrada en la ex-AFIP. Se trata de un listado que reúne nombres de empresarios, políticos y personas reconocidas en distintos rubros, y se intenta determinar por qué se encontraban allí.
La investigación del Ejecutivo incluye la revisión del sistema de protección de datos y las tareas de los empleados involucrados. Según pudo saber TN, el Ejecutivo está reuniendo la documentación para definir si la presenta ante la Justicia. En la Casa Rosada reconocen que no tienen claro para qué se ordenó el listado y aseguran que buscan conocer si se utilizó para “proteger o perseguir” a los involucrados.
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Sostienen además que el nuevo titular de ARCA, Juan Pazo, modificará el protocolo de confección de la lista para “limitar arbitrariedades”. Se trata de 51 empresas, personas y razones sociales, entre las que figuran Lázaro Báez, Cristóbal López, Alejandro Vandenbroele, Fabián de Sousa, Osvaldo Sanfelice y Víctor Manzanares, entre otros. “Lo que queremos es que un fiscal tome el caso para despejar dudas”, expresan en Nación.
En un sector del actual ARCA ponen en duda el sustento legal de la hipótesis del oficialismo y mantienen la postura de que “lo que denuncian es un mecanismo que funciona para resguardar la información sensible de muchas personas de interés público, no solo los empresarios”.
El extitular del organismo durante la gestión de Mauricio Macri, Alberto Abad, negó haber favorecido o perseguido a empresarios kirchneristas en su gestión y manifestó en declaraciones al diario La Nación que “las bases de información de la AFIP estaban totalmente infiltradas, con abusos de todo tipo”.
Agregó también que el listado completo incluía a “políticos, empresarios, periodistas, deportistas y artistas cuyos datos, que están protegidos como el de todos los ciudadanos por el secreto fiscal, podían resultar de interés para terceros ajenos al organismo que podían estar dispuestos a pagar por esos datos”. El Gobierno no descarta hacer una presentación ante la Justicia para que investigue la gestión de Abad.
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La filtración del listado por parte del Ejecutivo coincide con un momento de máxima tensión con el PRO antes de las elecciones de 2025 y luego de la confirmación de que el jefe de la Dirección General Impositiva, Andrés Vázquez, ascendió a su mujer dentro del organismo a la semana de asumir.
La Casa Rosada sostiene por el momento que respalda la medida del funcionario y expresa que “no hay forma de que altere su continuidad en el cargo”. El nombramiento de titular de la DGI lo impulsó la mesa chica de Balcarce 50 para impulsar una mayor intervención sobre el organismo.
Milei oficializó la nueva estructura de la ARCA a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Contiene la eliminación de la cuenta de jerarquización para los cargos superiores -como titular y directores generales- junto la intención de reducir el 45% de la estructura inferior.
La disposición estableció que los cargos jerárquicos tendrán sueldos de la misma escala que los ministros, que cobran más de $4.000.000. El personal de la DGI -que mantendrá la Cuenta de Jerarquización- tiene salarios que van desde los $2.207.936 a los $3.953.894. En la DGA, se ubican entre $1.186.379 y $3.662.250.
El Ejecutivo eliminó tres subdirecciones generales y mantuvo las áreas de Administración Financiera, Fiscalización, Recaudación, Institucional, Asuntos Jurídicos y Sistemas y Telecomunicaciones. Le bajó el rango a las estructuras de Auditoría Interna, Servicios al Contribuyente, Planificación y Coordinación y Recursos Humanos, entre otros.
La Casa Rosada apunta además a achicar la planta de 21.313 empleados a 18.158. En Nación aseguran que buscan desplazar a los 3155 trabajadores que ingresaron a la AFIP durante la gestión de Alberto Fernández.
