Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, son los únicos cinco mandatarios provinciales que no adhirieron al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado por el Gobierno del presidente Javier Milei para regularizar deudas.
En Balcarce 50 pretenden que el acuerdo sea un borrón y cuenta nueva, especialmente de las deudas de las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el punto de mayor conflicto entre los gobiernos provinciales y la Nación.
En el saldo final, la mayoría de las provincias termina siendo acreedora, por eso la necesidad del Gobierno nacional de cerrar un acuerdo que no ponga en riesgo la variable de déficit cero que es bandera de la gestión de Milei.
Negociaciones y judicialización
Hasta ahora, 18 gobernadores adhirieron o manifestaron su intención de suscribir el acuerdo y sentarse a negociar y, aunque desde el Ejecutivo sostienen que implica aceptar empezar de cero en 2025, muchas provincias tienen demandas ante la Corte Suprema de Justicia.
Al acuerdo adhirieron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Sergio Ziliotto (La Pampa) y en los próximos días prevén sumarse Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
En un año electoral, la preocupación de las provincias es que se profundice el desfinanciamiento por parte de la Nación. El déficit de las cajas jubilatorias ronda los $322.000 millones; las compensaciones pendientes del consenso fiscal de 2017, los $1000 millones, y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, los $1700 millones.
Además, los gobernadores reclaman por la reducción de aportes tras la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por unos $221.000 millones, y los Aportes del Tesoro Nacional no distribuidos, por $293.000 millones.
En Nación cuentan que la totalidad de los pedidos pone en riesgo el superávit fiscal. Por eso, insisten en que parte del acuerdo sea empezar de cero en 2025 y que se levante la judicialización.
La estrategia de los gobernadores que no adhirieron
Además de los recursos para las cajas previsionales, las provincias reclaman a Nación por la eliminación del fondo compensador del transporte y del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), y por los recortes en las transferencias no automáticas.
En ese contexto, los cinco gobernadores que no adhirieron al acuerdo elaboran distintas estrategias para recuperar parte de lo perdido, pero también para garantizarse los recursos del año próximo, con un Ejecutivo que no contará con Presupuesto propio y volverá a gobernar discrecionalmente.
En el caso de Santa Fe, Pullaro mantiene una posición dialoguista. Quiere poner sobre la mesa la deuda con la caja previsional provincial, pero también obras y otros recursos. “Las iniciativas que están en la Justicia quedan en tiempo suspendido y el que maneja el tiempo es una de las partes. Por eso entendemos que no es conveniente adherir”, dijo Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, en declaraciones a La Capital.
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El jefe de Gobierno porteño, también aliado de Milei, maneja otros tiempos. El distrito gobernado por Macri fue el único del país en la que las transferencias no automáticas de recursos por parte del Tesoro nacional crecieron durante los primeros once meses del año. Los dos principales motivos fueron el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia -que ordenó devolver los recursos recortados durante el gobierno de Alberto Fernández- y el adicional recibido por el traspaso de las líneas de colectivos.
Kicillof, Insfrán y Quintela, los otros tres gobernadores que no adhirieron, mantienen un fuerte enfrentamiento con Milei y, en año electoral, su objetivo es reforzar su perfil como oposición.
El gobernador bonaerense no solo enfrenta una batalla con el Gobierno libertario, sino que también tiene varios frentes abiertos en la interna peronista con Cristina y Máximo Kirchner.
El juego de las provincias que aceptaron el acuerdo
Entre los que adhieren hay jurisdicciones, como Entre Ríos, que firmaron el entendimiento, pero avisaron que mantendrán la demanda judicial. “Seguimos, salvo que se acuerde un documento final”, advirtieron. El pedido de la provincia ronda los $9000 millones por mes, para cubrir el déficit mensual de la caja de jubilaciones entrerriana.
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En el caso de Santa cruz, Vidal cuenta como mínimo unos $82.000 millones de deudas que acumula el Tesoro nacional y hay varios temas en negociación. Ellos sí frenaron las demandas, pero desde hace tiempo que el distrito patagónico reclama la posesión sobre las represas y los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ambos temas son moneda de cambio en las negociaciones, según pudo saber TN.
El Gobierno juega a pleno con las provincias cuyos balances están más complicados para que, apremiadas por la necesidad de recursos, levanten las denuncias ante la Corte Suprema y cierren un acuerdo para empezar a pagar a partir de 2025.
