Daniel González es un personaje central en las causas que investigan a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito. Este hombre, socio del exsenador detenido en Paraguay con más de US$200.000 sin declarar en la empresa Betails es directivo de otra compañía que ganó contratos con el Estado y busca quedarse con otra licitación por un total de $10 millones.
Gonzalez es dueño de la firma Betail, que comparte en partes iguales con Kueider, pero también está vinculado a otra compañía más ahora en la mira de la Justicia. Se trata de Peninsular Sudamericana SAS, una firma dedicada a la venta al por mayor de productos farmacéuticos que ganó en 2024 un contrato con la Armada Argentina y actualmente busca quedarse con una licitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, según un análisis de TN del sitio de contrataciones del Estado.
Peninsular Sudamericana fue creada en 2019 por la abogada Adriana Cecilia Crucitta, que fue allanada por la Justicia de Entre Ríos y se le secuestró el celular. El 26 de mayo de 2021, Daniel González ingresa como administrador y director suplente de esta compañía. Para los investigadores, ambos podrían ser testaferros de Kueider en esta firma, que se presentó en varios procesos licitatorios con el Estado.
Una empresa del socio de Edgardo Kueider ganó contratos con el Estado y busca otra licitación de $10 millones
El fiscal de Entre Ríos, José Arias, ya pidió informes bancarios y financieras sobre esta compañía, que en agosto de este año abrochó una contratación del Estado. Lo hizo al ganar un contrato para la compra de insumos médicos para la Base Aeronaval Punta Indio, en Bahía Blanca. El convenio fue adjudicado por la Armada Argentina.
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Peninsular Sudamericana ganó un contrato por $707.680 por los que a cambio debió entregar una serie de productos como guantes medicinales; barbijos; bajalenguas descartables; algodones; papel para electrocardiograma y camisolines de cirugía, entre otros.
Fuentes de la Armada Argentina le dijeron a TN que “el área de contabilidad de la base de Punta Indio afirma que la empresa Peninsular entregó todo el material en tiempo y forma y conforme al pliego licitatorio”.
A su vez, esta empresa actualmente intenta quedarse con un contrato de más de $10 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este organismos lanzó una licitación para comprar insumos sanitarios y la compañía de la que González es directivo se presentó. En este proceso ofertó por guantes medicinales, pulverizadores, alcohol de uso medicinal, entre otros elementos. Todo por un total de $10.070.000.
El proceso de compra aún está abierto y ni siquiera se produjo el dictamen de evaluación, es decir, la selección de las mejores ofertas para que luego se defina el ganador.
Si bien los investigadores entienden que Peninsular Sudamericana puede no revestir la misma condición que Betail, es decir, ser una firma fantasma, entienden que se debe investigar estos contratos para determinar de qué manera se celebraron. Kueider permanece en Paraguay detenido junto a su secretaria Iara Gilsen Costa, luego de haber intentado ingresar más de U$S200.000 sin declarar. Está acusado de contrabando.
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La semana pasada la Justicia secuestró el celular de Edgardo Kueider, luego de que este se pusiera a derecho e informara su domicilio real. González se presentó ante las autoridades después de que la Justicia lo buscara por diferentes domicilios de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, sin poder dar con su paradero. Además de ser socio de Kueider en la empresa Betail, este hombre es dueño de la camioneta en la que fue detenido el exsenador con su secretaria Iara Guilsen Costa, que dijo ser la “dueña” del dinero en dólares.
La Justicia tiene en la mira a González, que es empleado de la Biblioteca del Congreso y un posible testaferro del exsenador. Ambos comparten la titularidad de la empresa Betail, que el fiscal Arias ya confirmó que compró los departamentos 13 “A”, 6 “D” y 6 “E” del complejo “Live”, en Paraná, Entre Ríos. La Justicia logró acceder a los boletos de compra venta de las unidades y confirmó que fueron adquiridos por esta compañía.
Según pudo saber TN, los documentos de compraventa se confeccionaron en agosto de 2021 por los siguientes montos: en el boleto correspondiente al 13 “A” se colocó un valor de $10.000.000 que al tipo de cambio de ese momento equivalían a unos US$60.000 (el valor actual de esa unidad oscila los US$320 mil), mientras que para las unidades 6 “D” y “E” se estableció un valor de $6.000.000 y $4.000.000, respectivamente. Estas últimas son unidades que tienen un valor actual de US$150 mil.
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En el celular de González podría haber información clave sobre estas unidades y respecto de los fondos que se usaron para poder adquirirlas. En su última declaración jurada de 2021, Kueider dijo tener US$8500 en efectivo, por lo que no está claro de dónde se obtuvo el dinero para adquirirlas.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, que también investiga a Kueider en el caso Securitas, cree que esos departamentos se compraron con parte de las coimas que Kueider podría haber recibido de esa empresa de seguridad cuando era directivo de Enersa, la empresa de electricidad de Entre Ríos.
El exsenador Kueider adeuda las declaraciones juradas de los años 2022 y 2023, por lo que nunca informó ninguno de estos departamentos. De febrero a agosto, las expensas de estas tres unidades, y las de dos cocheras, se emitieron en favor de Betail, pero luego de que los medios de comunicación locales comenzaron a investigar el patrimonio de Kueider, se emitieron en favor de Iara Gilsen Costa, la exsecretaria privada de Kueider, también detenida en Paraguay.
La Justicia buscó la escritura de las propiedades, pero el fideicomiso aún no está finalizado, por lo que ni la Administradora Tributaria de Entre Ríos ni el Registro Público de la Propiedad de esa provincia le pudieron confirmar al fiscal Arias a quién pertenece la titularidad de las viviendas. De cualquier modo, al acceder a los boletos de compraventa, el fiscal reunió la información para confirmar la hipótesis inicial: las unidades son de la firma de Kueider.
