El 95% de los empleados públicos que rindieron el “examen de idoneidad” impulsado por el Gobierno aprobaron en el primer intento. Según datos del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, hasta el momento 9000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados completaron las pruebas, que son obligatorias e incluyen preguntas de competencias básicas.
Semanas atrás, el Gobierno estableció que 40.000 trabajadores cuyos vínculos expiran el 31 de diciembre debían rendir la evaluación como requisito obligatorio para renovar sus contratos. La aprobación del examen, sin embargo, es “necesaria, pero no suficiente” para asegurar la renovación, que se definirá luego por los “parámetros usuales”.
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Hay tres tipos de evaluaciones: una orientada a “servicios generales”, otra a “administrativos” y una última a “profesionales”. Todas son anónimas, tienen una duración de una hora y se realizan de manera presencial, en formato multiple-choice. Según se informó, los resultados se procesan de forma automática para evitar cualquier sesgo en la corrección.
Cada trabajador cuenta con tres intentos para aprobar el examen aunque, por ahora, casi la totalidad de los evaluados los rindió bien en la primera oportunidad.
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La evaluación se implementará “por etapas”, iniciando la primera fase en Jurisdicciones y Entidades que tengan su asiento habitual de trabajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con alrededor de 2000 exámenes por día.
Pese al rechazo inicial, dos de los principales sindicatos del sector público, UPCN y ATE, terminaron participando activamente en el proceso, brindando apoyo a los trabajadores con clases preparatorias y asegurándose de que las pruebas se realicen con transparencia.
El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, había informado días atrás que de 4156 empleados examinados, 4002 habían aprobado. “Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público”, sostuvo Aguiar en su cuenta de la red social X.
“Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado”, opinó Aguiar en la publicación que tituló ‘Al Gobierno le salió el tiro por la culata con los exámenes’ y que acompañó con imágenes creadas con inteligencia artificial que muestran al vocero Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente Javier Milei rindiendo un examen.
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“Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita tomarle exámenes y dejar en evidencia su incapacidad de gestión, desde los directores hasta los secretarios, subsecretarios y ministros”, sentenció el sindicalista.
El proceso forma parte de un plan más amplio que impulsa Sturzenegger y es conocido como “deep motosierra”, destinado a reestructurar la administración pública, reducir su tamaño y elevar los estándares de desempeño de sus trabajadores.