Hay una gran polémica entre el Gobierno y la Corte Suprema debido a la intención del Ejecutivo de avanzar con la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla mediante un decreto, que podría llamarse un “decretazo”.
Según fuentes cercanas a la Casa Rosada, la iniciativa, impulsada por el asesor Santiago Caputo, podría oficializarse la próxima semana o hacia finales de enero. En el Ejecutivo están decididos a proceder, lo que desató una fuerte resistencia en el máximo tribunal.
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Este miércoles se supo que el Gobierno también analiza tratar los pliegos en sesiones extraordinarias durante febrero. Con respecto al plan del Ejecutivo, un alto funcionario le informó a TN: “Milei está analizando todos los escenarios para avanzar con la decisión final. Él sabe que tiene la herramienta del decreto y que la constitución lo habilita. Tiene en cuenta igualmente que es una decisión que puede ser controversial y que puede generar ruido”.
En tanto, la postura de la Corte es clara: los jueces Horacio Rossatti y Carlos Rosenkrantz no aceptarían tomar juramento a los magistrados designados de esta manera, ya que consideran que atenta contra la independencia del Poder Judicial. Ricardo Lorenzetti, en cambio, estaría dispuesto a aceptar el “decretazo”.
A esta tensión se suma la reciente declaración del juez Juan Carlos Maqueda, quien, antes de su retiro, reafirmó su alineamiento con Rossatti y Rosenkrantz y destacó la necesidad de respetar los límites entre el Poder Político y el Judicial.
Maqueda alertó sobre el peligro que representan “los hombres que rinden culto a la personalidad, se consideran profetas y ponen en riesgo la convivencia democrática”.
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Durante su discurso de despedida en el tradicional brindis de fin de año, el magistrado señaló que la democracia “vivió épocas mejores que las actuales” y abogó por retomar “la moderación, la prudencia y la independencia del Poder Judicial” como las bases del sistema democrático.
“Es un momento que, quizá no en nuestro país en este momento, pero sí en el mundo en el que nos toca vivir, las instituciones de la democracia de la república, y del Estado de derecho corren serios riesgos”, señaló.