Este miércoles, el juez federal Julián Ercolini rechazó la recusación presentada por la defensa de Alberto Fernández, quien había pedido que se lo apartara de la causa que investiga hechos de violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yañez.
La solicitud de la abogada del exmandatario, Silvina Carreira, se basaba en el “temor” de que el magistrado ya hubiera formado un juicio previo sobre el caso, lo que afectaría la “imparcialidad” del proceso.
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El conflicto comenzó cuando Fernández fue citado a indagatoria para el 11 de diciembre, pero la audiencia fue suspendida a raíz del pedido de recusación de su abogada. Ella argumentó que, debido a la posible “parcialidad” de Ercolini, la indagatoria y el proceso en general podrían verse afectados, por lo que solicitó que la causa fuera trasladada a la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, donde se habrían producido los hechos.
En los fundamentos, Ercolini expresó: “No advierto que se vean afectadas las garantías constitucionales indicadas en su respectivo planteo, pues debe demostrarse la razonabilidad del temor alegado sobre la base de elementos objetivos. En este caso, las alegaciones se basan en meras suposiciones sin acreditación”.
“El cúmulo de expedientes citados por la defensa deja en evidencia y lleva a la sinrazón del alegado temor de parcialidad sostenido por Fernández y su letrada; se puede apreciar una finalidad de apartamiento del juez natural de la causa basado en alguna estrategia defensista y no en elementos objetivos racionales y demostrables”, agregó.
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Tras la recusación, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 decidió postergar la indagatoria de Fernández para el 19 de diciembre, mientras se resolvía si el juez debía apartarse del caso o no. Al cierre de esta nota, no se modificó la fecha en la que el exmandatario deba presentarse en Comodoro Py a declarar.
En cuanto al fondo de la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yañez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.
Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja lo denunciara, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.
