En agosto, el presidente Javier Milei -con las firmas de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri-, había enviado a la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica la Ley de Seguridad Interior.
En concreto, incorpora la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo que “tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo”.
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La diputada del PRO, Silvana Giudici, miembro de la comisión de Defensa, entiende que, “la (bomba) molotov en (la parroquia) del padre Ignacio de Rosario y las amenazas a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro, demuestran que los narcos están utilizando mecanismos terroristas para amedrentar a la población.
“El proyecto del Gobierno ayudaría a brindar apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad que son las encargadas de la seguridad interior”, le dijo la legisladora a TN.
La iniciativa destaca que “nuestra Constitución Nacional dispone que en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales”.
“Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.
La comisión de Defensa, que preside el diputado Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) inició una ronda de consultas con numerosos expositores que aportaron su visión respecto al proceder del Parlamento ante esta nueva iniciativa.
Participaron el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, los exministros de Defensa, Horacio Jaunarena y Agustín Rossi, a los exjefes del Ejercito, Diego Suñer y al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, Tte. General, Juan Martín Paleo y al abogado constitucionalista Félix Lonigro, entre otros especialistas.
Mientras que el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño señaló que, “este Gobierno tensionó por demás la utilización de los DNU. Queremos tener bien claro qué se puede hacer y qué no, ya que el espíritu de la Constitución está siendo violado”.
Los argumentos expresados por el Ejecutivo en el proyecto señalaron que “la amenaza del terrorismo es -sin dudas- uno de los principales desafíos para la Seguridad y Defensa en el siglo XXI, poniendo en peligro la existencia misma del Estado y sus intereses vitales, tales como su soberanía, independencia, integridad territorial, autodeterminación, la libertad y la vida de sus ciudadanos”.
“Afecta la estabilidad y el bienestar de las sociedades y socava los cimientos mismos de la democracia, provocando pérdidas de vidas humanas a partir de la generación del miedo y el terror como método de actuación. Es allí donde el Estado debe actuar, ocupando un rol central en la lucha contra el terrorismo, para proteger y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.
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“Venimos a presentar un proyecto que es vital y nos parece clave que sea discutido en el Congreso de la Nación, nuestro marco normativo en materia de defensa data del año 1988″, dijo el ministro Luis Petri cuando expuso ante la comisión que encabeza López Murphy.
Después aclaró que “quien establece y determina en qué casos, bajo qué modalidades y en qué ocasiones se pueden utilizar nuestras FFAA es el Congreso de la Nación. Estas modificaciones son absolutamente necesarias, teniendo en cuenta que cambió el mundo desde el dictado de la ley de Defensa y de la ley de Seguridad Interior.
“Llegó el momento de garantizar que, ante amenazas terroristas, vamos a utilizar todo el poder y la potencia del Estado y todos los instrumentos a disposición del Estado, entre ellos el instrumento militar, nuestras Fuerzas Armadas, a la hora de prevenir o repeler una agresión terrorista”, dijo el titular de la cartera de Defensa.
El presente proyecto de ley establece que, en caso de producirse un acto destinado a aterrorizar a la población y que -como consecuencia de ello- se inicie una investigación penal en el marco del Código Penal, el Comité de Crisis estará facultado para solicitar al ministerio de Defensa la intervención de las FFAA para el restablecimiento de la Seguridad Interior.
Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia. A su vez, en el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el tiempo requerido y lugar definido.
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Por su parte el exministro de la gestión de Raúl Alfonsín, José Horacio Jaunarena, explicó que la ley vigente prohíbe el adiestramiento y equipamiento de las FFAA para cuestiones de seguridad interna. Lo que quiero decir con esto es que el proyecto de ley, por primera vez, implica que las FFAA intervendrían sin que se declare el estado de sitio previo. Esto es una novedad”.
Agregó, además, que no es tan sencillo cambiar un sistema de adiestramiento, ya que se requiere tiempo para la educación, capacitación y financiamiento para las tareas de defensa.
