El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días prorrogables en el conflicto gremial por la disolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reconversión en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los sindicatos del sector venían realizando medidas de fuerza escalonadas, que comenzaron la semana pasada con paros de dos horas con apagón informático, se intensificó a cuatro horas este lunes y martes y habían anunciado para este miércoles un paro de actividades “durante el horario de la jornada hábil de cada sector, con presencia en los lugares de trabajo, con apagón informático y asambleas”.
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La medida de fuerza de este miércoles iba a coincidir con el paro de transportes anunciado por el líder del gremio de camioneros, Pablo Moyano, que incluye trenes, barcos, aviones, camiones y subtes. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) prorrogó hasta el jueves el cese de actividades de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La Secretaría de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que, tras la escalada en el conflicto, tomó la decisión de dictar la conciliación y convocó a las partes a una audiencia el lunes 4 de noviembre a las 11.
El conflicto gremial tras la decisión del Gobierno de disolver la AFIP
Horas después del anuncio, el Gobierno publicó la resolución oficial que disolvió la AFIP y creó en su reemplazo la ARCA. Lo hizo mediante el decreto 953, publicado en el Boletín Oficial. La medida forma parte del plan de ajuste en el Estado.
Según argumentó en ese texto, con la modificación, el Ejecutivo busca optimizar el sistema tributario y aduanero, a la vez de mejorar la experiencia de los ciudadanos al interactuar con el sistema de recaudación y control fiscal.
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“A lo largo de los últimos años, el organismo se ha sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”, justificó el decreto.
Como parte de esta decisión, se recortará un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la ahora exAFIP, lo que representará una disminución del 34% en su estructura actual y se traducirá en un ahorro anual de $6400 millones, aseguró el Gobierno. Además, se anunció que “se procederá a la desvinculación de 3155 agentes que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que equivale al 15% de la dotación actual”.
