Pese al rechazo de Unión por la Patria y la izquierda, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “antimafias” impulsado por el Ministerio de Seguridad, con 137 votos afirmativos, y 92 negativos. Esta iniciativa incluye penas más altas para el crimen organizado y la extinción de dominio.
El proyecto propone una profunda reforma del Código Penal, penalizando de la misma forma a todos los miembros de bandas delictivas o asociaciones ilícitas. Anteriormente, las penas variaban según la participación de cada miembro en el delito.
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Con esta reforma, la pena más alta que reciba un integrante por el delito más grave se aplicará a todos los miembros de la organización, ya que se los considera partícipes necesarios del acto delictivo.
Entre los tipos penales incluidos en la figura de asociación ilícita se encuentran: tráfico de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos.
Para estos crímenes, se contempla una pena de 8 a 20 años de prisión por la mera pertenencia a la asociación. Además, se creará la figura de la Zona de Investigación Especial, que permitirá una respuesta rápida y efectiva de los distintos poderes del Estado.
La iniciativa también incluye la extinción de dominio, que permite la desposesión de bienes de quienes hayan causado estos delitos, transferidos al Estado nacional.
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Por otro lado, el proyecto incorpora el concepto de “reiterancia” al Código Procesal Penal, otorgando prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.
Anteriormente, se consideraba reincidente a quien hubiera sido condenado dos o más veces a una pena de privación de libertad efectiva. Con la nueva “reiterancia”, las condenas ya no necesitan haber sido cumplidas; si hay dos hechos independientes, las penas se suman aritméticamente, hasta un máximo de 50 años.
Críticas y adhesiones al proyecto de ley “antimafia” en la Cámara de Diputados
La diputada libertaria Juliana Santillán afirmó: “Los crímenes organizados no pueden seguir siendo tratados como delitos comunes, las penas deben reflejar el daño profundo y sistemático que estos grupos generan en la sociedad, es nuestra responsabilidad tomar medidas firmes y decididas para abordar este problema”.
En la vereda de enfrente, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) afirmó: “Todos los temas de seguridad pública requieren el máximo nivel de concentración y de fundamentación, pero evitando posicionamientos que no ayudan en nada a resolver los problemas. Tenemos que tener diagnósticos serios y se tienen que sostener en el tiempo”.
“Le queremos dar superpoderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza Congreso, con brutales actos de represión injustificados y la detención de 34 personas inocentes, acusados de terroristas y golpistas”, se preguntó el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, en referencia a Bullrich.
También mostró una foto del gas pimienta, recordando que las fuerzas de seguridad reprimieron a una nena de 10 años durante el tratamiento del aumento a los jubilados.
El diputado Christian Castillo, del Frente de Izquierda, expresó su rotundo rechazo: “El 12 de junio, la oficina del Presidente emitió un comunicado felicitando a las fuerzas de seguridad por su actuación en la represión de lo que calificó como grupos terroristas, que supuestamente intentaron un golpe de Estado y atentar contra el Congreso. Al día siguiente, Manuel Adorni declaró que se había detenido a 31 personas”
“Sin embargo, las acusaciones fueron desmentidas, ya que los 33 detenidos fueron liberados por la jueza Servini. No hubo intento de golpe de Estado ni actos terroristas, y el clima de intimidación que se intentó crear con el proyecto de ley fue evidente. A pesar de las críticas, el Gobierno continuó otorgando facultades a la ministra de Seguridad, quien podría declarar zonas especiales donde se suspenden las garantías constitucionales”.
