El Gobierno analiza sacar varios decretos para financiar los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La mesa chica del Ejecutivo da por perdido en el Senado el DNU que le otorga $100.000 millones en fondos secretos a la Secretaría de Inteligencia. Se votará la semana que viene en el Senado.
La Casa Rosada no definió todavía los montos en los que dividirá el total de los gastos reservados. Barajan armar cuatro decretos de $25.000 millones, pero no hay una decisión tomada. Descartan publicarlos de forma reservada.
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Se trata de una estrategia que evalúa el Ejecutivo para retrasar el tratamiento legislativo que implicaría que el Congreso rechace nuevas normas. La oposición debe juntar dos tercios de Diputados y Senado para quitarle vigencia a un decreto.
“Vamos a financiar la SIDE de la forma que sea. Estamos analizando alternativas. No vamos a sacar decretos secretos ni vamos a hacer nada de lo que propone la oposición. La opción más fuerte es dividir el monto y sacar varios decretos”, expresó a TN un funcionario.
En Balcarce 50 sostienen que los cambios en el presupuesto de los organismos públicos deben ser sancionados por ley o ser impulsados por un decreto publicado en el boletín oficial. “En Economía nos repiten que no se puede hacer de forma secreta”, manifestó a TN un colaborador cercano al presidente.
La Casa Rosada niega haber gastado el 78% del presupuesto secreto que le fue asignado por decreto y asegura que figuran como devengados porque ya tienen un destino asignado. “Los $100.000 millones se van a usar para comprar el equipamiento tecnológico que se llevó la gestión de Caamaño”, expresó a TN un alto funcionario.
El Ejecutivo no buscará firmar un convenio de financiamiento con otro servicio de Inteligencia externo -como la CIA y el Mossad- porque no quiere pasar por el Congreso. No hay ningún acercamiento concreto.
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El Gobierno profundiza además la reestructuración del personal de la SIDE. El titular de la central, Sergio Neiffert, ya pasó a disponibilidad a cientos de agentes de la gestión kirchnerista. Hubo cambios en las direcciones de análisis, contrainteligencia, reunión y apoyo, entre otros. La planta se compone de 1800 agentes.
La Casa Rosada quiere echar a todos los agentes que “no estén alineados con la idea de Inteligencia que tiene el Presidente”. Aseguran además que no todos los que pasaron a disponibilidad van a ser desplazados, sino que algunos serán reasignados.
Neiffert le solicitó a la Justicia los expedientes de las causas que involucran a espías para evaluar su trayectoria. Ya dio de baja muchos contratos anuales e intentó acelerar el proceso jubilatorio de algunos agentes de planta permanente.
Mantiene la postura, además, de revisar los agregados que nombró la SIDE en embajadas argentinas en el extranjero. Hubo ruido interno por la designación en Madrid del exsecretario administrativo del Ministerio de Capital Humano, Agustín Sánchez Sorondo, que dejó el cargo en febrero en medio de reclamos de las organizaciones sociales por los alimentos.
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Apunta a modificar también el sistema de rendimiento de cuentas de la central de Inteligencia. El Gobierno quiere que se pida presupuesto por misión y que los agentes presenten el sobrante del operativo.
