Según fuentes oficiales, Alberto Fernández recibe una suma neta (en bolsillo) de $13.800.418,46 por su jubilación de privilegio, un beneficio jubilatorio vitalicio para expresidentes y vicepresidentes que otorga la Ley 24.018.
Inicialmente, tras un informe realizado mayo, su haber neto era de $10.000.630,64 ($14.272.997,97 en bruto). Sin embargo, en julio, según la actualización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), su jubilación ascendió a $13.800.418,46.
Además, a ese monto inicial mensual, se le debe sumar un importe retroactivo contabilizado a partir del pedido de la prestación, de $32.207.388,83 en neto ($34.836.790,57 brutos), el cual se cobra por única vez.
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Qué proyectos proponen para anular la jubilación de Alberto Fernández
Diputados del PRO presentaron proyectos de ley para eliminar las pensiones vitalicias de privilegio a expresidentes y exfuncionarios condenados por delitos penales, con el apoyo del presidente Javier Milei. Silvana Giudici propuso retirar honores y pensiones a funcionarios condenados por delitos cometidos durante su gestión, mientras que Damián Arabia presentó una iniciativa similar enfocada en expresidentes y vicepresidentes, incluyendo delitos cometidos después de su mandato.
El proyecto de Giudici exige una condena firme en segunda instancia para retirar las pensiones por delitos como corrupción, incumplimiento de deberes y delitos sexuales. Además, propone la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por estos delitos y la cancelación de la custodia presidencial en caso de condena.
Arabia, por su parte, busca que la pensión de privilegio se elimine tras una sentencia penal firme y se suspenda durante el procesamiento. Ambos proyectos apuntan a garantizar que los exmandatarios sean tratados bajo los mismos principios de integridad y responsabilidad que cualquier ciudadano.
Javier Milei respaldó públicamente las iniciativas y destacó la importancia de hacer justicia en términos de equidad y ética pública.
Otro de los pedidos destacados fue presentado recientemente por la diputada Graciela Ocaña y la Fundación Apolo, quienes solicitaron al presidente Javier Milei que anule la decisión de la ANSES de otorgar la jubilación de privilegio al expresidente Alberto Fernández. Para ello, citaron la acusación de violencia de género contra Fabiola Yañez como una razón clave.
Ocaña recordó que las jubilaciones de privilegio son un reconocimiento honorífico y argumentó que Fernández no merece tal distinción, y lo calificó como “una vergüenza para todos los argentinos”. La diputada hizo presentaciones ante la ANSES en febrero y mayo de 2024, donde solicitó la revocación de la resolución que le otorgó la jubilación. También presentó un recurso de alzada y una denuncia de ilegitimidad.
Por su parte, la Fundación Apolo, a través de su director general Yamil Santoro, presentó un reclamo administrativo ante la ANSES para solicitar la baja de la asignación vitalicia de Fernández. El reclamo se basa en irregularidades y faltas graves atribuidas al exmandatario, incluyendo acusaciones de violar la Constitución, incumplir medidas de aislamiento durante la pandemia, y su presunta implicación en casos de corrupción como el “Vacunatorio VIP”.
La Fundación argumenta que la asignación vitalicia debe basarse en mérito y honor, criterios que consideran que Fernández no cumple. Santoro enfatizó la importancia de garantizar que exfuncionarios que hayan violado normas no se beneficien de privilegios inmerecidos, subrayando el compromiso con una administración pública ética y responsable.
