Con parte de la plata que recibía del Potenciar Trabajo, el Polo Obrero asegura haber comprado computadoras y un software a la empresa Coxtex, una firma que la AFIP considera apócrifa desde noviembre de 2020. Para el juez federal Sebastián Casanello esa maniobra tuvo un único objetivo: usar una factura trucha para justificar un gasto inexistente ante el exMinisterio de Desarrollo Social y ocultar el destino final de la plata del Estado.
Al posar su mirada sobre la empresa Coxtex, que le hizo facturas truchas al Polo Obrero por $5 millones y no tiene sede social ni operatoria real, los investigadores detectaron que sus fundadores son un hombre y una mujer: Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, un canadiense que vive desde hace años en la Argentina. Estas personas no se conocen y los investigadores tienen practicamente probado que son prestanombres.
Al allanar las propiedades de Vega y Pichuaga y secuestrar sus teléfonos celulares, la Justicia buceó en sus conversaciones y detectaron que al menos Vega tenía chats con una mujer llamada Gabriela Anahí Rivero y dos hombres, Geremías Sebastián Prum y Marcelo Eduardo Caminada, los que le daban órdenes como abrir cuentas bancarias, retirar chequereas y firmar documentos. A cambio, Pichuaga y Vega recibían sumas de dinero.
La Justicia busca al “cerebro” de la principal empresa que hacía facturas truchas para el Polo Obrero
Pero con el avance del caso y la apertura de nuevas conversaciones, los investigadores detectaron que Prum y Caminada, a su vez, recibían órdenes de otra persona más que cambiaba de celular cada dos meses. Ahora la Justicia busca identificar a este sospechoso e intentar llegar al “cerebro” de Coxtex, una empresa trucha que tiene facturación millonaria sin ningún sustento. Casanello busca arribar al verdadero dueño de esta firma para intentar responder una pregunta: ¿por qué el Polo Obrero usó facturas truchas de Coxtex? ¿Qué punto de conexión hay entre esta empresa y la organización de Belliboni?
Pichuaga y Vega fundaron, además, otras tres empresas: Recinsur S.A.; VSP Consulting y Ciriaco Shoes SRL. En la constitución de todas estas, y de Coxtex, participó el escribano Juan Bautista Darrasada, que ya fue investigado por haber participado de la confección de sociedades que el empresario Lázaro Báez usó para lavar dinero.
El 19 de junio, la Policía Federal allanó la casa de Prum, que estaba con su familia. En la vivienda sobre la calle Estados Unidos encontraron tres armas, aunque todas tenían la correspondiente documentación de la ANMAC, cédulas de cinco autos, entre estos un Lexus RC 350 F-Sport con un valor de mercado de entre US$60 y US$80 mil; casi $750 mil en efectivo y una serie de computadoras y celulares. TN pudo saber que todavía no se pudo abrir el celular personal de Prum, pero se estudia el contenido de una de sus computadoras. De esa manera se busca llegar hasta la cabeza de la organización.
En la casa de Prum también se encontró documentación de tres empresas más San Juan 2318 S.A.; Avenida Boedo 772 S.A. y Grupo Solinteg soluciones de limpieza S.A. pero que no estarían vinculadas con el Polo Obrero.
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El juzgado de Casanello trabaja en resolver la situación de cada uno de los imputados, es decir, si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. El magistrado, junto con el fiscal federal Gerardo Pollicita, reunió varias pruebas que podrían demostrar que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de los $360 millones que recibieron como unidad de gestión del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.
Para lograr este objetivo, el Polo Obrero usó seis empresas: la imprenta Rumbos; Coxtex; RicoPrint; UrbanGraphics; Carlos Monfrini y Miniso Trade. La Justicia probó que al menos $40 millones fueron a este grupo de firmas. En algunos casos, estas empresas hacían facturas truchas y en otros, las firmas se habrían usado para que, una vez cobrado el dinero, se endosen cheques a la imprenta Rumbos, que luego hacía aportes electorales al Partido Obrero.
TN accedió a los cheques que complican a Belliboni y reconstruyó una de las maniobras. A modo de ejemplo, en abril de 2022, el Polo Obrero contrató con la plata del Estado a Carlos Osvaldo Monfrini para que le provea el servicio de handies. Se le pagó $1.473.456. Un día después, este hombre le endosó cheques a la imprenta Rumbos. En los documentos se puede ver cómo terminan acreditados en las cuentas de la empresa. Los investigadores creen que esa plata luego se usó para financiar políticamente al Partido Obrero.
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En el cheque se ve que la empresa que cobra el dinero es Ediciones E Impresiones Rumbos SRL, cuyo socio gerente es Roberto Adrián Albornoz, uno de los imputados en la causa que ya prestó declaración. El otro creador de Rumbos fue Christian “El Colo” Rath, un histórico dirigente del Polo Obrero que falleció en mayo de 2018.
Impresiones Rumbos también se habría usado para hacer facturas truchas. El Polo Obrero desvió a esta firma otros $20 millones. A modo de ejemplo, a los investigadores les llamó la atención que esta compañía emitió 25 facturas en un día, todas por el mismo valor, aunque por conceptos diferentes. Para Rumbos costaba lo mismo un kit de seguridad que la impresión de papel.
Los investigadores también detectaron que el Polo Obrero presentó facturas hechas por una firma llamada Coxtex, que para la AFIP es una empresa trucha. A esta firma supuestamente se le compraron computadoras por un valor de $5 millones. La organización de Belliboni recibió plata del Estado en el marco del Potenciar Trabajo para comprar elementos de trabajo de los beneficiarios, ropa y asistirlos con diversos cursos. La Justicia cree que esas computadoras nunca se entregaron y que Coxtex hizo la factura solo para que el PO desvíe el dinero.
