El juez federal Sebastián Casanello tiene en la mira a la organización Polo Obrero por supuesta defraudación contra la administración pública al haber administrado “de manera indebida” millones de pesos que el ahora ex Ministerio de Desarrollo Social le entregó en la gestión de Alberto Fernández en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
El mecanismo era simple: el Polo Obrero era una unidad de gestión, es decir, asignaba a los beneficiarios del Potenciar Trabajo las tareas que debían realizar en el marco de la contraprestación laboral de cuatro horas diarias. El Estado le enviaba dinero para que les compraran herramientas, materiales de trabajo, ropa, entre otros elementos y la Justicia detectó que esta organización realizaba facturas truchas y simulaba gastos a través las empresas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex S.A.” para desviar parte del dinero.
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En este sentido, según pudo saber TN de fuentes judiciales, una de las firmas que hacía las facturas truchas (Impresiones Rumbos SRL) era, además, aportante del Polo Obrero, por lo que el juez Casanello entiende que esta compañía se usó para que dinero del Estado que debía ir a herramientas y otros materiales terminara en las cuentas de la propia organización.
Potenciar Trabajo: una firma que hizo facturas truchas para el Polo Obrero era aportante de esa organización
En los allanamientos ordenados por el juez ante el pedido del fiscal Gerardo Pollicita se encontró prueba que acredita la posible defraudación contra el Estado. A la Justicia le llamó la atención que las facturas halladas se hacían por montos “redondos”, algo extraño si se tiene en cuenta que el IVA suele hacer que el número final a cobrar sea impar. Por otra parte, hallaron facturas con la frase “por las dudas”, como si se tratase de recibos a disposición en caso de tener que simular un gasto.
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De cualquier manera, el dato central para los investigadores es que la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos SRL aportaba dinero para el Polo Obrero. La imprenta en cuestión fue fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y Roberto Adrián Albornoz, que fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio.
Lo que la Justicia tiene probado es que el Polo Obrero -en su condición de unidad de gestión- recibía millones del Estado que debía destinar a garantizar los materiales y condiciones de trabajo de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, pero los desviaba a esta imprenta y a Coxtex S.A. para que el dinero en cuestión tenga otro uso. Las facturas que se analizaron son de los años 2020 y 2021.
“Lo que encontramos es que además de la extorsión para que vayan a marchas o sacarles un porcentaje del Potenciar Trabajo, la organización Polo Obrero pudo haber cometido el delito de defraudación al Estado al malversar fondos públicos”, dijo una fuente con acceso al caso. Quien firmaba los convenios entre el PO y el ex Ministerio de Desarrollo Social era Eduardo Belliboni, y por eso se tendrá que presentar ante la Justicia el 25 de junio, junto con María Isolda Dotti (la dirigenta a la que le encontraron US$54 mil en su casa), Iván Ortiz y el propio Albornoz.
Cuando la Justicia allanó las oficinas de esta empresa en la Ciudad de Buenos Aires le sorprendió el ver que el lugar no parecía una imprenta. “Era un PH, no más”, dijo una fuente.
La Justicia también tiene probado que la firma Coxtex S.A. -la otra empresa que le habría provisto al Polo Obrero facturas truchas- figura en la AFIP como una empresa que se dedica justamente a confeccionar recibos apócrifos para dibujar gastos. Los investigadores hablan de que se presentaron facturas apócrifas por un número millonario.
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“Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, expresó Casanello en el escrito con el que convocó las indagatorias.
Para el Juez, estas maniobras de defraudación al Estado luego se vieron complementadas con más aprietes, extorsiones y amenazas por parte de los dirigentes piqueteros hacia beneficiarios. “En una primera línea se encuentra la malversación y en una segunda la plata que se generó a través de las extorsiones”, explican. Esta última sea tal vez la más aberrante, ya que a través de las pruebas que se recopilaron en el caso se comprobó que a los titulares del Potenciar Trabajo se les pedía entre $2000 y $3000, eran obligados a ir a las marchas y, si no lo hacían, no podían pasar a retirar los bolsones de comida e incluso quienes no asistieran esas movilizaciones hasta debían abonar $10.000 en multas.
Un nutrido grupo de dirigentes deberá declarar ante la Justicia. Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches lo harán el 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper, el 12 del próximo mes; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli, el 13; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez deberán presentarse el 18 de junio; Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma, el 19 y el titular del Polo Obrero Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz culminarán la ronda de indagatorias el día 25 de junio.
Todos estos dirigentes operaron bajo la figura de la Asociación Civil Polo Obrero y “Cooperativa El Resplandor Limitada”, a través de la que la Justicia cree que se canalizaron parte de los fondos que se obtenían por las extorsiones a beneficiarios de planes sociales.
