La pobreza es un grave problema. Para el kirchnerismo, en cambio, significó una oportunidad para distribuir dinero a los movimientos sociales. Durante la gestión de Alberto Fernández, el ministerio de Desarrollo Social entregó más de 15.800 millones de pesos a través de diez programas de asistencia a decenas de organizaciones.
Los argumentos para distribuir dinero entre los amigos del poder fueron muchos. No se trataba de entregar alimentos. Basta con ver los nombres de los programas: Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, Programa de Fortalecimiento de la Información Social Estratégica, Acciones para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Apoyo al Empleo, Plan Nacional de Protección Social, Acciones de Abordaje Integral Comunitario, Economía Social, Abordaje Territorial e Integración Socio Urbana. Solo los dos primeros programas distribuyeron 12.500 millones.
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Como es esperable, los dirigentes vinculados con el kirchnerismo fueron los más beneficiados. Entidades ligadas a Emilio Pérsico, Juan Grabois y Juan Carlos Alderete recibieron partidas presupuestarias millonarias.
En los últimos días, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le entregó a la Justicia dos planillas de Excel muy detalladas. La presentación fue hecha por la subsecretaria Legal de la cartera, Leila Gianni, y TN tuvo acceso a los datos.
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No todas las agrupaciones recibían las mismas sumas. De un largo listado de organizaciones, las vinculadas con la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista y que responde a Grabois, se llevaban más de un tercio, unos 5 mil millones de pesos, mucho más que los 232 millones que percibió el Polo Obrero.
El universo de las organizaciones sociales, de la distribución de planes sociales y los merenderos es un gran agujero negro: corrupción; desvío de fondos; extorsión de muchos referentes y delegados sobre titulares de planes para obligarlos a concurrir a marchas; entrega de dinero a las organizaciones para financiar merenderos fantasmas, que dejaron de funcionar o se mudaron. O directamente nunca existieron. Esa es la trama detrás de la gigantesca investigación que se desarrolla en estos días.
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De a poco, el Ministerio de Capital Humano la va desentrañando y la lleva a la Justicia. La semana pasada, Gianni presentó un listado muy detallado de los 1201 merenderos, el domicilio de cada uno, su situación actual y pone al descubierto que su existencia no pudo ser validada.
En las últimas horas, el Gobierno amplió la denuncia -presentada el viernes pasado- en la cual se abrió una causa de defraudación hacia el Estado, debido a que se descubrió que de los 2600 comedores que fueron auditados, casi la mitad fueron identificados como “no validados”. Entre los merenderos del listado, muchos se encuentran vinculados a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el MTE y el Movimiento Evita. Pero hay otros casos insólitos: desde un barrio cerrado en la zona de Ezpeleta hasta una escuela de pole dance.
