El juez federal Sebastián Casanello definió que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no sea querellante en la causa que investiga extorsiones de los dirigentes sociales a los beneficiarios de los planes.
La denuncia fue presentada por la cartera de Seguridad luego de una investigación que se inició por las llamadas recibidas a la línea 134, con acusaciones anónimas y otras hechas por personas que se identificaron, quienes manifestaron que los amenazaban con perder las asignaciones y planes.
En rigor, Casanello sostuvo que el Ministerio, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante pero incompatible con el rol de litigante pretendido”. Y afirmó: “No es parte. Es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.
En concreto, Bullrich pretendía desempeñarse como querellante en la causa que investiga extorsiones por parte de dirigentes sociales a personas que cobran asignaciones y planes sociales.
Las modalidades denunciadas consisten en ofrecer subsidios a cambio de concurrir a marchas y movilizaciones, obligándolos a asistir a estas últimas, como la del 22 de diciembre de 2023, bajo la advertencia expresa de “dar de baja al Plan Potenciar” o de cobrarles una suma de dinero fija o mensual como “castigo” por no asistir, entre otras situaciones similares.
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Las denuncias fueron formuladas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también desde la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Misiones, Chaco y Jujuy, entre otras.
Luego de especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito al que accedió TN cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece “la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático”.
En base a esto, Bullrich solicitó asumir como querellante contra los imputados ya identificados, pero el juez federal Casanello determinó que el rol que ocupa la ministra es incompatible con la posibilidad de actuar como litigante en la causa.
