La causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes sociales, desviando fondos y manipulando los programas de asistencia del Estado, desembocó en varios allanamientos en distintos comedores barriales, en los cuales se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos de relevancia.
Las denuncias que desencadenaron estos operativos fueron recibidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la línea 134. Incluso, la propia ministra Patricia Bullrich pidió este martes ser querellante en la causa que investiga un oscuro entramado de corrupción que involucra a referentes de Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Pero los más perjudicados son los del Polo Obrero.
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El modus operandi de los acusados fue descubierto a partir de testimonios de los propios beneficiarios de planes sociales, que aportaron chats y mensajes de audio en los que aparecía la extorsión por parte de los líderes piqueteros.
Según el informe revelado en Telenoche, los dirigentes de estas organizaciones habrían desplegado un sistema de cobro de porcentajes del Programa Potenciar Trabajo, además de amenazar a los beneficiarios con la pérdida de sus planes en caso de no hacer los aportes exigidos.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan. En total desfilarán por la Justicia unas 28 personas.
Millones de pesos y dólares debajo del colchón: todo lo incautado durante los allanamientos a líderes piqueteros
Entre los principales implicados se encuentran Jeremías Adrián Cantero, Jorge Antonio Rosas, Lesli Castillo, María Dotti, Nilsa Torres y Lorenzo Martelli, dirigentes de distintas agrupaciones sociales. Los allanamientos en sus casas particulares y lugares donde supuestamente funcionan comedores comunitarios arrojaron evidencia contundente de la magnitud del fraude.
Por ejemplo, en el caso de María Dotti, una dirigente social del Polo Obrero, guardaba U$S54.000 dólares en su domicilio en el barrio porteño de Boedo. También tenía $478 mil pesos. La Justicia entiende que este dinero es parte de la recaudación ilegal que perpetraban los piqueteros por medio de la extorsión.
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Otro de los líderes del movimiento barrial que más complicado está es Jorge Antonio Rosas, a quien la Policía Federal le encontró $6.882.589, más un total de 16.425 dólares y 180 euros.
En tanto, a Jeremías Adrián Cantero, también del Polo Obrero, le secuestraron más de $75.000 pesos argentinos, U$S2.591 dólares, 135 recibos de pagos del Polo Obrero y otros elementos incriminatorios.
Asimismo, Lesli Castillo (Polo Obrero) tenía 7 tarjetas de crédito y la suma de $573.000 pesos. A Nilsa Torres (Polo Obrero) le secuestraron 2.200 dólares y 410 mil pesos.
Los allanamientos también revelaron la presencia de una vasta documentación relacionada con el desvío de fondos y la manipulación de los programas sociales: en el comedor Rivadavia 1, afiliado al Polo Obrero, se encontraron cuadernos con la rendición de asistencia a las marchas y detalles de sanciones impuestas a los beneficiarios. En el lugar hallaron también 1.532.500 pesos.
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Además, en el comedor Mariano Ferreyra se halló un talonario con bonos de contribución de la gente, lo que evidencia la presión ejercida sobre los beneficiarios para obtener fondos de manera ilegal, mientras que en un depósito de Ciudadela habían 2.100 dólares, 75 mil pesos y varios cuadernos con anotaciones donde llevaban la asistencia de los beneficiarios a las marchas y el pago del bono contribución.
De la investigación se desprende que a los comedores se les debía pagar los primeros dos días de cada mes 2300 pesos por el alquiler del local. Quienes no lo hacían, no podían retirar la comida de todo el mes.
Los datos recolectados durante estos allanamientos son abrumadores: se incautaron altas sumas de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y documentos comprometedores. En total, se decomisaron más de 8.769.909 pesos argentinos, 76.764 dólares y 199 euros, así como 31 teléfonos celulares y 33 tarjetas de débito y crédito, algunas del Banco Ciudad, otras del Banco Provincia y el resto de Credicoop.
Además, se encontraron elementos relacionados con la administración fraudulenta de los programas sociales, incluyendo computadoras, notebooks y pendrives con información relevante, que serán peritados por la Justicia en los próximos días.
Por fuera de los imputados ya mencionados, figuran en la causa otros referentes que serían parte del plan de la trama de corrupción: Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello.
