Juan Méndez es dueño de una de las 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense que usaba el puntero Julio “Chocolate” Rigau. Su primer contrato empezó el 01/01/1900, hace 124 años. Así surge del legajo que la Dirección de Personal armó para este constructor de 50 años que vive en el Conurbano.
Pero esa fecha no es la única curiosidad de su legajo. El documento salta del subtítulo “Rubro 1: datos personales”, al subtítulo “Rubro 4: foja de servicios”; y luego del 4 al “Rubro 7: declaración jurada”. En el medio no hay nada. No están los rubros 2 y 3, ni los rubros 5 y 6.
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Sheila Maroni es otra dueña de las tarjetas investigadas. Su legajo, en vez de ser digital puro, tiene campos que se completaron de puño y letra, y luego fue escaneado. A diferencia del primer ejemplo, este legajo tiene las páginas numeradas. Pero sólo contiene las fojas 7, 12, 13, 27 y 17, en ese orden.
El faltante de hojas se repite en los legajos de los “tarjeteros” enviados al expediente Chocolate. Otra curiosidad es que ninguno presenta fojas referidas a sanciones, a licencias u otros pormenores habituales de un historial laboral (algunos contratos datan de 2002). Además, surgieron algunas dudas sobre la información administrativa más fina que tienen plasmada en el rubro “foja de servicios”. Esas planillas reflejan la evolución año a año de los contratos consecutivos construidos a nombre de los empleados fantasma. Entre otros datos, muestran fechas, conceptos y números de “actos administrativos”. Pero estos números son idénticos para las “altas” y las “bajas” de los contratos en muchos casos.
Estos documentos permiten rastrear las huellas administrativas de la maniobra investigada: gente con muy buenos sueldos (de los más altos de la cámara) que decidía darle su tarjeta a terceros, por motivos insólitos. Gente que no aprovechaba ni los descuentos de la billetera Cuenta DNI, pero igual asegura que era dueña de su sueldo. Los legajos llegaron a la Justicia en soporte digital. Llevan la firma de Víctor Hugo Vigano, Jefe Departamento Registro de Personal, y un sello de “copia fiel”.
Declaró el jefe de Personal
Pablo Parente es el jefe de Personal de Diputados desde 2019, cuando empezó la gestión de Federico Otermin. Es quien preparó el listado de empleados que el área de Legales se resistía a entregar en esta causa y ahora declaró como testigo. Hasta la detención de Claudio Albini era su jefe directo. Ambos dependen de Miguel Antonio De Lisi, el Secretario Administrativo.
Parente es el responsable de confeccionar y tener al día los legajos, y de organizar el sistema de control de la asistencia. Pero ante la fiscal Betina Lacki hizo una distinción. Remarcó que esa función es sólo para los empleados de planta temporaria y permanente, y no para los contratos de locación de servicio (los de los empleados fantasma). Para los contratos de locación, distinguió, el responsable es quien lo designó, sea administrativo o diputado. “Cada persona que contrató a ese agente determina cómo controlar el horario y certifica su asistencia”, aseguró Parente. Agregó que “las certificaciones se destruyen periódicamente”.
Parente lleva más de 30 años en la Legislatura. Conoce a Claudio Albini del trabajo y a Facundo “de la política de La Plata”, pero no conoce a Rigau, dijo ante la fiscal. “Claudio me reemplazaba en caso de ausencia, hacía la encuadernación de los contratos y los actos administrativos, y un trabajo de digitalización del ‘83 en adelante”, describió.
De los 48 dueños de las tarjetas, Parente dijo que conoce sólo a Sheila Maroni, que la mujer trabaja para su oficina desde antes de que él llegara a director y que no marca tarjeta. Maroni, vecina de Chocolate, ya declaró en la causa, como testigo: “Yo a Julio lo conozco desde hace mucho tiempo y por eso le daba la tarjeta para que me cobre, yo soy un desastre y no tengo tiempo”. Pero dijo algo más: que entró por su pareja, Ramiro Licursi.
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El nombre de Licursi, empleado de la Secretaría Administrativa igual que Facundo y Claudio Albini, reingresó al expediente cuando se abrió el celular de “Chocolate” y quedó en evidencia que le pasaba datos sobre las categorías de los empleados fantasma. También intercambiaban fotos de tickets de cajero automático. En un mensaje enviado cuatro días antes de su detención, Licursi le dice: “Hola Choco, ya lo sacaste el ticket de Folone, ¿no me lo mandás?”. Folone es otro dueño de tarjeta y también declaró el año pasado.
Durante el interrogatorio, la fiscal le mostró a Parente tres legajos, para que dijera si así estaban completos. En el de María Cristina Degollada, evaluó: “Me da la sensación de que falta una hoja”. También le preguntaron hasta qué rubro tiene un legajo y en qué consistían los “rubros” 2 y 3, 5 y 6 (los que no aparecen). En ambos casos dijo que no lo sabe.
Antes de Parente declararon dos funcionarios administrativos de Diputados: Eduardo Vito Resiglione, Director de Legal y Técnica, y Tomasina Papaleo, Directora de Servicios Auxiliares desde 2017. Risiglione está a cargo hace medio año de una investigación interna sobre el caso, y declaró: “Todavía no está dictaminado si hubo perjuicio patrimonial para la Cámara”.
Se investiga un fraude multimillonario a base de fabricar sueldos a nombre de gente que no trabajaba ni cobraba, sólo prestaba el nombre. Pero la causa se encamina a una etapa de freezado. Un planteo de Maximiliano Rusconi, defensor de los Albini, desencadenó el inicio de un trámite de recusación para la fiscal al considerar en términos generales que la funcionaria “no se ha conducido con objetividad”. El juez de Garantías, Federico Guillermo Atencio, deberá resolverlo después de una licencia que comienza esta semana.
