Apenas 24 horas después de haber prorrogado su intervención por seis meses y designado a su interventora, el Gobierno nacional anunció la eliminación del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) creado por ley hace 29 años. La noticia, con más impacto simbólico/discursivo que fiscal, hizo ruido en el Congreso, donde la oposición -tanto el PJ-K como bloques “dialoguistas”- advierte sobre la libertad que le otorga a Javier Milei su mega DNU vigente, con el que podría avanzar de la misma manera sobre otros institutos nacionales u organismos descentralizados.
Este jueves por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó el Ejecutivo considera que el INADI “no sirve para nada” más que para “pagar favores políticos” y “generar empleo militante” que ya no financiará y anunció, por lo tanto, su cierre definitivo, aunque sin muchos detalles sobre cómo se instrumentaría. Horas más tarde, el Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona emitió un comunicado en el que informaba que la cartera absorbería sus funciones y a su personal “idóneo”.
“El INADI fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”, afirmó, sin embargo, el ministerio de Justicia.
Parte de la oposición insiste en que no hay otra forma de eliminar el instituto que a través de una ley. Otra parte -aunque defiende el tratamiento parlamentario- admite que el mega DNU 70/23 -que también es discutido en el Congreso-, al declarar la emergencia administrativa, entre otras 8 emergencias, le da a Milei margen de maniobra suficiente para cerrarlo o “al menos para vaciarlo”. En ese sentido, como está vigente hasta que se demuestre lo contrario (o sea, lo rechacen las dos cámaras del Congreso), el decreto hace a la “legislación vigente”.
Cómo recuerda el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, el propio Gobierno reconoció que el camino para eliminar un instituto creado por ley es otra ley cuando incluyó la “derogación de la Ley 24.515″ -la que crea el INADI- como uno de los artículos del paquete de reformas que fue llamada Ley de Bases, conocida como Ley Ómnibus, y que terminó naufragando en el recinto de Diputados durante la votación en particular, artículo por artículo.
Pero la Ley Ómnibus dejó otra señal respecto a lo que piensa la mayor parte de la oposición respecto a este tema. El artículo específico del INADI nunca se llegó a tratar, pero sí se discutió el artículo 5, que terminó precipitando el levantamiento de la sesión luego de que fuera rechazado casi totalmente, y que planteaba permitirle al Gobierno “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades”.
En la oposición argumentaban en esos momentos que justamente aprobar ese inciso supondría otorgarle un “cheque en blanco” al Ejecutivo para que avance en la eliminación de cualquiera de las decenas de organismos descentralizados, agencias, institutos o entes estatales sin necesidad de pasar por el Congreso. Esto es, entre otros que mencionaban, CONICET, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Inspección General de Justicia (IGJ) o también institutos culturales -área que igualmente buscaba reformar la Ley Ómnibus- como el INCAA o el Instituto Nacional del Teatro.
Este jueves, Unión por la Patria rechazó la decisión del Gobierno a través de su jefe de bloque en Diputados: “El gobierno de Milei -que va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática- cierra el INADI, creado por la ley 24.515 en 1995. Repudio absoluto a esta decisión”, lanzó Germán Martínez.
Aunque la fragmentación es grande y las posiciones no son lineales, en los bloques de la oposición dialoguista la decisión oficial cosechó rechazo -incluso entre legisladores nacionales del PRO-, pero nadie olvidaba que fue fundamentalmente el kirchnerismo el que inició la intervención y subordinación del organismo al Poder Ejecutivo en el 2009. Ni el desprestigio que supuso -siempre según miembros de estos bloques- la reciente gestión de Victoria Donda al frente del instituto, parte del loteo de espacios del gobierno del Frente de Todos. Tampoco Cambiemos, por otra parte, rompió con la lógica de la “intervención”, ni definió a un director pasando por el Congreso entre 2015 y 2019.
“El INADI había que reformarlo, es una política de la democracia que tiene que hacerse bien. La eliminación no tiene impacto fiscal, es simbólico. Si Milei defiende un Estado y una democracia eficiente, podría haber demostrado el fracaso de la dirigencia política tradicional que subordinó un organismo al gobierno. En cambio, decidió seguir la misma lógica de Cristina Kirchner, la lógica de la arbitrariedad”, dijo a TN la diputada radical Carla Carrizo, que en 2022 encabezó la presentación del último proyecto que hay en la Cámara Baja para reformar el instituto y darle mayor autonomía.
Según indican fuentes oficiales y parlamentarias, el INADI tuvo un presupuesto de $1100 millones en el 2023 y en el Gobierno estimaban más de $2500 millones para este año, bastante destinado a sueldos y poco a políticas de concientización, educación o asesoramiento ciudadano.
De ser así y considerando que el Ministerio de Justicia absorberá al grueso de sus empleados, el ahorro fiscal es escaso. En los bloques dialoguistas entienden que forma parte de la construcción discursiva del Gobierno, la misma que lleva al Presidente a encontrar en el Congreso un claro blanco de críticas contra “la casta”.
“En un contexto de ajuste complejo, Milei les pide a sus ministros que elijan algo para simbolizar el ‘cambio’. En Justicia, se ve, es el INADI, en otras carteras serán otros. Se buscan chivos expiatorios, a la sociedad que está haciendo un sacrificio le muestran que ellos también hacen el sacrificio de ajustar, aunque sea simbólico y ahistórico, sin tener en cuenta cómo nació el INADI hace 30 años”, resume el diputado Paulón, que integra el bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto en la Cámara Baja.
