El Gobierno porteño ratificó este miércoles la denuncia penal presentada para que se investiguen los hechos de violencia ocurridos el viernes pasado durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso y entregó documentación para identificar a las personas y organizaciones que cometieron ilícitos durante las protestas.
“El mensaje para todos aquellos que vienen a romper es que nosotros los vamos a perseguir con todas las herramientas que tenemos dentro de la ley en conjunto con las instituciones que componen el marco democrático. Vamos a tratar que sean condenados por los delitos que están cometiendo”, aseguró el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, desde la puerta de la fiscalía penal a cargo de Tomás Vaccarezza.
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El ministro sostuvo que se acercó a ratificar la denuncia y entregar “documentos” con imágenes “donde se ven más claras las caras de las personas” que habrían cometido ilícitos en el marco de las protestas y luego de un pedido realizado por parte de la fiscalía. “Hay que identificar a las personas y ver si hay algún hilo conductor con una preparación para romper o si pertenecen a alguna organización social. Hay organizaciones sociales que cumplen con su rol y objetivos, pero el que viene a romper no viene con ningún rol social”, añadió Wolff.
A su turno, su par de Justicia, Gabino Tapia, expresó: “El objetivo principal es que los hechos no queden en lo que ocurrió ese día, sino que haya una investigación más de fondo” para que el Ejecutivo porteño pueda “recuperar el orden, la vía pública sin impedir que la gente que quiera pueda manifestarse”. Y agregó: “El derecho de unos empieza donde termina los del otro. Seguimos trabajando con la Justicia para identificar a las personas a título individual como las organizaciones sociales que puedan estar llegando a estar dándole volumen e incentivo a todo esto”.
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Se busca identificar o saber si las personas actuaron bajo las órdenes de alguien entre el 31 y el 2 de febrero. Es una tarea sumamente compleja. Y hay dos causas en curso: la investigación del delito en la vía pública para que se hagan cargo de eso en el marco de la ley penal; y la otra que busca la reparación del daño de aquellos que lo cometieron por vía civil.
“La limpieza, reparación y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación implica un costo para la Ciudad de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, advirtió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Las medidas que dispuso el fiscal
Tras la denuncia del Gobierno de la Ciudad, el fiscal Vaccarezza solicitó al Área de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, que “requieran a los canales televisivos Todo Noticias, La Nación +, Canal 26, Crónica TV, C5N, América Noticias, Telefé, Canal 9 y al Centro de Monitoreo Urbano que, en carácter urgente, les remita las filmaciones de toda la cobertura efectuada en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el día 02 de febrero de 2024″.
Una vez que se entreguen las grabaciones, deberá designarse personal “para que lleve a cabo un minucioso análisis de las mismas”. Allí se intentará detectar hechos que puedan constituir delitos o contravenciones e identificar a todas las personas involucradas. Si se logran individualizar, establecer luego si responden o forman parte de alguna organización social o política.
Del análisis de los videos se determinará si dentro de las personas que resulten identificadas se encuentra alguno de los detenidos el día de los hechos. También se apunta a identificar daños materiales, donde se deberá indicar en que consistió el mismo y el valor estimado de reparación.
Por último, se busca establecer si entre las personas que surjan de la investigación existieron reuniones o convocatorias previas y, en su caso, identificar a los posibles jefes u organizadores. En este caso, también se solicita que se lleve a cabo una amplia búsqueda en fuentes abiertas.
