El Gobierno denuncia que algunos empleados de la Casa Rosada pasaban 300 horas extras por mes y cobraban más de $1.200.000 durante la gestión de Alberto Fernández. Argumentan que encontraron estas irregularidades en todos las ramas y que en algunos casos lo que percibían se acercaba a los sueldos de directores y coordinadores, pese a que se trataba de puestos operativos.
Uno de los casos al que pudo acceder TN es el de un chofer de Balcarce 50 que cobraba por mes $705.257 asignados a las horas extras. En total, el sueldo neto era de $1.259.387, de forma que el 56% se componía de adicionales extraordinarios.
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Entre el sueldo básico, la dedicación funcional, el adicional de grado, suplementos y compensaciones, el monto llegaba a $554.120, que es lo que quedaría con la suspensión de las asignaciones de horas extras que impulsó el oficialismo.
Desde el Gobierno, le expresaron a este medio que el trabajador no cumplía con las asignaciones extraordinarias y que “es una distorsión importante de lo que sería el sueldo para la tarea que lleva a cabo”.
Es por eso que el Gobierno decidió revisar caso por caso y realizar una auditoría general de las asignaciones de horas extras. Cada director de área deberá reorganizar las atribuciones y elevarlas.
Mantienen la línea de pagar las horas que se trabajen y prohibir la compensación de sueldos por esa vía. Se respaldan en que es ilegal y aseguran que le aumentarán el sueldo a los empleados que consideren eficaces.
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Lo mismo aplica para los mozos, cocineros, personal del Museo de la Casa Rosada y los trabajadores administrativos que fueron afectados por la medida. En el oficialismo, sostienen que encontraron irregularidades en todas las áreas y que todo pasará por el ojo de sus técnicos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una asamblea en el comedor de Balcarce 50 la semana pasada y negocia con los nuevos funcionarios la situación de sus afiliados. Adherirán al paro general del 24 de enero que comunicó de la CGT y no descartan realizar otro.
Los delegados del sindicato dialogan con el director de Recursos Humanos de jefatura de gabinete, Pablo Fiorentini, y reclaman una reforma de la escala salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Además, solicitan la restitución de los empleados a los que no se le renovó el contrato de 2023 y presionan para que haya un aumento del sueldo básico para que los rubros más dependientes de las horas extras no cobren menos de $200.000.
Es el caso de los mozos de la Casa Rosada, que son contratistas y su sueldo se compone en un 60% de las asignaciones de trabajo extraordinario. Con la nueva medida de Gobierno, algunos pasarían a tener un sueldo de $450.000 a uno de $189.000.
Desde el oficialismo, les aseguraron el viernes pasado que el 1| de febrero les pagarán las horas extras de diciembre, pero que no tendrán las de enero y febrero. ATE prepara otra asamblea para cuando haya avances de la puja con el Gobierno.
Qué dice la resolución de la suspensión de las horas extras
“Al respecto, se informa que en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado establecido en el Decreto N.º 8/2023, y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”, comienza.
“Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas”, continúa.
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“En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios, previo informe circunstanciado sobre las causales que impiden dar cumplimiento a los requerimientos de servicios, fundado en un análisis de dotaciones y modalidades operativas”, agrega.
“La citada solicitud deberá elevarse a la máxima autoridad administrativa con competencia en la administración del presupuesto de cada jurisdicción o entidad, quien la aprobará o denegará. Esta última comunicará tal decisión al área responsable de los recursos humanos y a la autoridad requirente. A su vez, cada autoridad administrativa deberá informar mensualmente a esta Secretaría, con copia a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional del Ministerio de Economía, la asignación de servicios extraordinarios autorizados y el impacto presupuestario”, concluyó.
