El pacto de silencio en la causa “Chocolate” todavía no se rompió. Dentro del bloque de Unión por la Patria reina el hermetismo, tanto en el Concejo Deliberante de La Plata, como en la Cámara de Diputados bonaerense. Sin embargo, las detenciones de Facundo y Claudio Albini abrieron una ventana desde donde podría ventilarse más información de la trama de corrupción que tiene como protagonistas a “ñoquis” de la Legislatura.
Padre e hijo se entregaron en la Justicia esta mañana y quedaron alojados en un calabozo de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata. En ese lugar no van a estar por mucho tiempo, ya que serán trasladados a otra dependencia después de que la fiscal Betina Lacki les tome declaración indagatoria.
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Este trámite se hará el jueves a las 10 de la mañana, en la oficina judicial que la titular de la UFI N°2 tiene en Avenida 7 entre 56 y 67, a 200 metros del cajero automático del Banco Provincia, desde donde Julio Segundo Rigau sacada el dinero de los 48 empleados fantasma.
“Se van a defender cuando les toque declarar”, aseguró la abogada María Fernanda Borthiry en diálogo con TN. Todavía no está definido si será por escrito, o cara a cara con la funcionaria del Ministerio Público. También contó que sus clientes “están bien”, ajustados a derecho y que, de ser necesario, “contarán lo que sepan” para colaborar con la investigación.
La decisión del edil del FR y su papá, exjefe de personal en la Legislatura bonaerense, tomó por sorpresa a todo el arco político, ya que lo que digan podrían perjudicar a otros funcionarios de mayor jerarquía. Generalmente, los imputados en este tipo de casos de corrupción se niegan a declarar, ya que su carrera política está en juego. En los pasillos de Tribunales aseguran que al clan le agarró “una culpa mística o religiosa”, por lo que se espera un aporte significativo en las próximas horas.
TN intentó comunicarse con voceros de Unión por la Patria sobre la posibilidad de que Julio Alak, intendente electo de La Plata, quien tenía en la lista de candidatos a Facundo Albini, le pida la renuncia a su banca antes del 10 de diciembre. Sin embargo, no emitieron respuesta alguna.
Qué podría pasar durante la indagatoria a los Albini
Formalmente, durante el acto de indagatoria, Betina Lacki le leerá los cargos por los que quedaron imputados y les preguntará si quieren responder sus preguntas. En caso de negarse, quedarán formalmente detenidos. También puede ocurrir que cumplan con su promesa de defenderse, y aporten datos a la causa.
Para la fiscal, Claudio Albini era el líder de la presunta asociación ilícita que recaudaba dinero por medio del aparato público, ya que tenía el poder de contratar personal para ambas Cámaras de Diputados de la provincia de Buenos Aires. En tanto, Lacki entiende que su hijo Facundo lo ayudaba desde otro rol, ya que como apoderado del Frente Renovador en La Plata, tiene muchos contactos con dirigentes barriales, como es el caso de Rigau.
Otra de las posibilidades que pueden surgir en las próximas horas es que los Albini pidan el beneficio de la Ley del Arrepentido. Para eso, antes de declarar, tendrían que hacer un acuerdo de colaboración con la fiscalía. De esta forma, el imputado reconoce haber intervenido en un delito y se compromete a dar información de relevancia para la investigación, de manera que ayude a descubrir a jefes o líderes de la banda.
Después de un tiempo, y en instancia de debate, el juez que interviene en el juicio puede reducir la pena, si la información dada por el arrepentido sirvió para descubrir la verdad.
Según pudo saber TN, la estrategia que usarán los Albini es cargar la responsabilidad sobre políticos de renombre. Uno de los que fue mencionado anteriormente es Rubén Eslaiman, hombre de Sergio Massa.
Nacido en San Martín, a lo que él llama “cuna del massismo”, supo convertirse en la espada legislativa del excandidato a presidente. Actualmente, lidera junto a Federico Otermín la Cámara de Diputados bonaerense, de donde sale el dinero con el que se le pagaba a los famosos “ñoquis”.
Otro nombre que sonó en torno a esta investigación es Raúl “el cabezón” Pérez, integrante de la mesa chica y operador massista desde hace varios años. Desde la Justicia sospechan que fue uno de los que hizo voltear la causa en un primer momento, acción por la cual dos jueces están siendo investigados y podrían ser destituidos. Se trata de Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides.
Villordo recaló en la Cámara en 2009, cuando “el Cabezón” presidía el bloque del PJ de Diputados. Por su parte, Benavides fue nombrado camarista en 2021, propuesto por Axel Kicillof. Desde los Tribunales aseguran que “tuvo una carrera meteórica”, ya que arrancó en mesa de entradas en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, después fue fiscal y ahora camarista.
