Las disputas políticas están a la orden del día en el país, en cualquier estamento del poder. Más aún en un año electoral. Sin embargo, si a las diferencias partidarias se le suma un factor clave como el económico, el cóctel es explosivo. Y los que más padecen esos tironeos son los intendentes, que son siempre el primer mostrador para los reclamos de la sociedad. Por eso, más de una vez deben plantarse ante el gobierno de turno para ser escuchados. Y esto es lo que pasa por estos días en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof.
Los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires tienen dos problemas que necesitan atención de manera urgente. Uno, la baja del Coeficiente Único de Distribución de manera sensible. Pero además, en la mayoría de las comunas, el dinero ingresa ‘por goteo’, es decir, por tramos y fechas que muchas veces van a contramano de los plazos de pagos.
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“En el caso de Villarino fue del 5%, el máximo que permite la ley. Y equivale a 190 millones menos”, remarcó a TN el intendente local, Carlos Bevilacqua. Y graficó: “El problema es la baja abrupta de la coparticipación que tiene que mandar la provincia a los municipios. Sin eso, no podemos hacer frente a pagos elementales como sueldos y cargas sociales”.
Y la necesidad también hermana, así sea para hacer un poco más de ruido, para ver si son escuchados. Ante esta situación se reunieron los 4 intendentes vecinalistas: Bevilacqua, (Villarino), Miguel Nosetti (Salliqueló); Guillermo Britos (Chivilcoy), Arturo Rojas (Necochea). Los 4 alcaldes no alineados en uno ni otro lado de la grieta observaron que había un grupo de jefes comunales a los que compensaron una parte, pero a ellos no.
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“Lo planteamos hace 40 días al gobernador y se nos dijo que iban a buscar una solución, y en el mientras tanto nos mandaron 30 millones, con lo que no cubrimos el déficit mensual”, argumentó Bevilacqua. Y explicó: “El 88% de los ingresos de Villarino son por coparticipación. Y no nos alcanza lo que ingresa. El dinero que mandaron hasta ahora, si lo proyectás en 12 meses no cumple con lo pactado desde gobernación, que fue en lo que nos basamos para nuestro presupuesto anual. Ya es un dibujo al día de hoy”.
Pero los intendentes van por más: plantean que la ley actual de coparticipación es “inconstitucional” y piden por una nueva. “Se tiene que dictar una nueva ley, donde estén en la mesa de discusión los intendentes. Somos el primer mostrador para los problemas pero el último eslabón para los recursos”, apuntó el alcalde de Villarino.
Uno de los pedidos clave de los jefes comunales es transparencia. Aseguran que no hay datos que acrediten los motivos de la quita en la coparticipación que sufrieron algunos, como tampoco hay explicación para el beneficio de otros. Y ahí entra en juego el caso emblema de La Matanza, donde los datos arrojados por el Censo 2022 revivieron un viejo reclamo, por las sospechas del registro anterior, que data del 2010. Incluso motivó una presentación judicial por parte de Juntos por el Cambio.
“Todavía está en veremos nuestra denuncia. El censo 2022 confirma las sospechas de una adulteración de los datos del censo de 2010. Esto quiere decir que durante 12 años se habrían repartido de manera incorrecta los fondos coparticipables a favor de La Matanza y en contra de todos los demás”, afirmó a TN el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien es impulsor de la denuncia.
En la misma sintonía, Valenzuela apuntó que “varios intendentes han planteado revisar el CUD, que es el coeficiente de coparticipación municipal, que se nutre en un 36% de la población. Se sigue repartiendo con un censo viejo y que está muy sospechado. Y no tenemos respuesta alguna. Esto no puede esperar más”. Y sentenció: “No hay una voluntad política de arreglarlo. La lapicera la tiene el gobernador y como es año electoral, es un siga siga”.
