Mediante un escrito de 64 carillas, la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo del juez Roberto Gallardo, que había pedido que se retire el operativo de seguridad en la casa de Cristina Kirchner en Recoleta. Además, acusó al magistrado de querer generar una “zona liberada” en los alrededores de Juncal y Uruguay.
“A través de un acto jurisdiccional que mi instituyente lo considera inválido, limitar el ejercicio de las competencias en materia de seguridad que posee este GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, estableciendo una suerte de ´zona liberada´ alrededor del domicilio de la vicepresidenta”, se lee en el escrito.
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Debido a que el Gobierno porteño pidió apartar al juez Gallardo del caso, ese asunto será analizado por la Cámara de Apelaciones. Mientras, el caso quedó en manos de un juzgado vacante que está a cargo de manera transitoria por la jueza María Rosa Cilurzo.
En caso de que no se revoque en la misma instancia la sentencia de Gallardo, el Gobierno apeló para que la revise la Cámara Contencioso de la Ciudad.
“El Gobierno de la Ciudad no discute a cargo de quien se encuentra la protección de la doctora Cristina Fernández. Sea referidas a bienes o a personas, los intereses institucionales del Estado Nacional en el ámbito de la CABA se encuentran ampliamente resguardados, pero bajo ningún concepto ello puede traducirse en una privación al resto de la vecindad de la protección al derecho a la seguridad que mi mandante brinda”, dijo Fernando Conti, el letrado que firmó el escrito.
Gallardo no es un juez penal, que interviene ante la comisión de contravenciones o delitos, sino que es un juez contencioso administrativo, que decide sobre la legalidad de las decisiones administrativas del gobierno local.
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Ante él acudieron con un recurso de amparo el diputado nacional Juan Grabois, y la legisladora Ofelia Fernández, para pedir que se levanten las vallas en torno a la casa de la vicepresidenta. Luego se sumaron la legisladora Claudia Neira, para que se garantice la libre circulación, y la siguió la diputada nacional Paula Penacca con otra serie de pedidos.
Asimismo, en el extenso escrito, la Ciudad de Buenos Aires cuestionó primero que quienes presentaron el recurso de amparo no están “legitimados”. Esto quiere decir que no establecieron en qué medida está lesionado su interés concreto, inmediato y sustancial, que no alcanza la mera invocación de un “derecho colectivo”, no demostró los intereses colectivos afectados” y que, ni como legisladores, ni como ciudadanos, están facultados para hacer el reclamo, dado que no sufren una afectación directa.
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“El emplazamiento de vallas y la presencia policial, bajo ningún punto de vistas debe ser visualizado, como lo ha hecho el juez de primera instancia, como un valladar al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, sino todo lo contrario”, indicó el texto.
Y agregó: “Dichos elementos tuvieron por objetivo canalizar y compatibilizar dos derechos en pugna -el de manifestarse, y el de la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de la zona-, circunstancia esta que lamentablemente no sopesó el Magistrado, dictando un fallo reprochable desde todo punto de vista, ya que consideró preliminarmente y sin sustento fáctico alguno que mi parte violentó los derechos de los actores y de las personas que estos dicen ´representar´”.
El Gobierno porteño apuntó contra el juez Roberto Gallardo
El Gobierno dijo que el juez Gallardo no le consultó a la fiscal antes de dictar su fallo y que además incumplió la ley de amparos porque no trasladó a la Ciudad los planteos de los legisladores para que pueda expresar su punto de vista antes de decidir.
“Se ha violado expresamente la Constitución Nacional, en cuanto se afecta los derechos de defensa en juicio de mi representado [La Ciudad], debido a la gravedad institucional que surge del fallo en cuestión”, remarcó el escrito de la Ciudad.
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En este sentido, plantó: “Evidentemente el Dr. Gallardo ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto del proceso, citando a los Ministros de Justicia y Seguridad de la CABA y de Seguridad de la Nación a comparecer a una audiencia con carácter personal cuando ello no ha sido requerido por ninguna de las partes”.
La Ciudad sostuvo que la seguridad es competencia del Poder Ejecutivo, no del juez Gallardo y que hubo una “intromisión del Poder Judicial en las facultades de administración de la Ciudad”.
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En tanto el abogado Conti señaló que “resulta evidente la intromisión del Poder Judicial en la zona de reserva que le compete a la Administración”. Por su parte, la Ciudad sostuvo que debía ser un juez penal y no una contravencional quien debía decidir y que “la decisión implica una vulneración de las garantías constitucionales al Poder Ejecutivo Local”.
El escrito descalificó que Gallardo haya dispuesto que la Ciudad no pueda ejercer su poder de policía en torno a la casa de la Vicepresidenta y que solo debe hacerlo la Policía Federal. “Ello resulta un absurdo total”, manifestaron.
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El fallo del juez Gallardo “denota no solo un desprecio hacia la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, sino también, “colisiona con la Constitución Nacional y la de la Ciudad, en materia de seguridad”.
La jueza María Rosa Cilurzo será ahora la que analizará si revoca o no este fallo, o si por el contrario espera una decisión de la Cámara con respecto a la recusación, para que sea Gallardo el que decida.
