El presidente Alberto Fernández le envió este viernes una extensa y dura carta al Procurador General Interino, Eduardo Casal, que había respaldado al fiscal Diego Luciani tras la comparación que hizo el Presidente sobre Alberto Nisman. El mandatario apuntó contra Mauricio Macri y aseguró que sus declaraciones “de modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar” de un fiscal.
“El Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”, sostuvo el Presidente.
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El miércoles, en un entrevista en A Dos Voces, por TN, Alberto Fernández habló del fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto de un disparo cuando investigaba a Cristina Kirchner por el pacto con Irán, y la comparación con el fiscal Diego Luciani, quien pidió la condena de 12 años para la Vicepresidenta en la causa Vialidad. “Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no otra cosa. Yo lo que espero es que Luciani no haga algo así”, dijo entonces el Presidente.
Pero también lanzó durísimas críticas sobre el accionar judicial del fiscal en la causa por la corrupción en la obra pública, que calificó de “disparate jurídico”.
Al día siguiente, como jefe de los fiscales, Eduardo Casal recibió a Luciani y a Sergio Mola, que también participa del juicio oral en la causa Vialidad, y les mostró su apoyo. Luego, le envió una carta al Presidente en el que le advirtió que sus declaraciones “no solo importan un menoscabo a la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar”.
Alberto Fernández le respondió al Procurador 24 horas más tarde: “Lejos de importar un menoscabo a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que observa gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la Justicia Federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y políticos que a las normas vigentes y que esta situación hiere a la democracia”, sostuvo el Presidente en su misiva.
El mandatario también consideró que sus declaraciones sobre el accionar de los fiscales no violan el artículo 109 de la Constitución que establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
Alberto Fernández acusó a Eduardo Casal de tener “doble vara para medir hechos”
Como Procurador ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal quedó en el 2017 a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación, tras la salida de Alejandra Gils Carbó, leal al kirchnerismo. Ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández consiguieron los apoyos necesarios en el Congreso para nombrar a un procurador.
Alberto Fernández acusó a Casal de no haber realizado las mismas críticas que le hizo a él, cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación.
“El celo que muestra respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada”, lanzó el mandatario.
“Esa doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos”, agregó.
Finalmente, el Presidente también comparó la situación judicial que enfrenta Cristina Kirchner, con la del expresidente de Brasil Lula da Silva, quien, para Alberto Fernández, fue víctima “de una persecución judicial, mediática y política para impedir que fuera candidato a presidente”.
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