Hubo dos principales fundamentos de la Corte Suprema de Justicia para rechazar todos los planteos presentados por Cristina Kirchner para tratar de hacer caer la causa Vialidad.
Estos fueron: la ratificación de que las pericias son válidas para el avance del juicio, y que los delitos investigados no fueron juzgados en otros expedientes, tal como sostenía la Vicepresidenta. Así, con este rechazo, Cristina queda más cerca del juicio oral.
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A su vez, los jueces del Máximo Tribunal también entendieron que el expediente no debe ser remitido desde la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a la Sala I de esa cámara por una supuesta “conexidad” con la causa “Hotesur”, ya que los fallos de la Sala IV contra Cristina Kirchner no implican una sentencia definitiva o equiparable a tal.
En este sentido, la Corte señaló: “Cabe recordar que las cuestiones relativas a la aplicación de las reglas de conexidad no involucran en modo alguno un supuesto de afectación a la garantía del juez natural, supuesto en que la sentencia sería definitiva en la medida en que su configuración determina la necesidad de su tutela inmediata”.
Asimismo, el tribunal presidido por Horacio Rosatti afirmó que “la defensa no ha demostrado de qué manera esa intervención (de la Sala IV) podría ser considerada como un intento de privar de jurisdicción a los jueces cuya intervención pretende para conferírsela a otros que no la tienen”.
Además, el fallo indica que el planteo de la también titular del Senado “carece de la debida fundamentación en aras de demostrar que lo resuelto genere un agravio de imposible reparación ulterior y, de ese modo, justifique la intervención excepcional del Tribunal”.
Según la Corte, “ese déficit de fundamentación se agudiza en el recurso de queja, ya que la parte omite toda referencia a que, con posterioridad a la interposición del presente recurso extraordinario, con fecha 26 de octubre de 2018 la Sala I rechazó la inhibitoria planteada por la recurrente”.
Con respecto al pedido de la Vicepresidenta de que se desistiera de la acción civil en su contra en los términos del artículo 94 del Código Procesal Penal, el mencionado Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda sostuvieron que “la apelante no ha demostrado la existencia de un gravamen irreparable o de insuficiente o tardía reparación ulterior”.
Por otra parte, y en torno a la gravedad institucional invocada por Cristina Kirchner por presunto abuso y violación de los deberes de funcionario público, los cuatro magistrados aseguraron: “La defensa recién ha aludido a ella -genéricamente- en su presentación directa ante esta Corte. Al respecto, ya se ha establecido que no basta con la invocación genérica de gravedad institucional sino que es preciso, además, demostrar qué perjuicios concretos por su magnitud o entidad trascienden el interés de la parte y afectan de modo directo a la comunidad”.
Qué se investiga en el juicio por corrupción en la obra pública
Durante la investigación, la Justicia detectó todo tipo de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de los contratos. Se trata del único expediente por corrupción que realmente avanzó en la Justicia en contra de la vicepresidenta, por el que también están procesados los funcionarios más emblemáticos de su gestión: Julio de Vido, José López y Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente-.
El juicio realizado por el Tribunal Oral Federal 2 empezó en mayo de 2019. La estrategia de la vice fue una defensa política, que tuvo su hito cuando desde el banquillo les vaticinó a los gritos a los tres jueces: “A mí me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar”.
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Cristina Kirchner se aseguró además que los dos socios fundadores del Frente de Todos, en su condición de ex jefes de Gabinete, declararan en su favor: Alberto Fernández, ya como Presidente; y Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados. Consciente de que se venía un fallo desfavorable, dijo varias veces que el “tribunal del lawfare tiene la sentencia escrita”.
Cristina Kirchner deberá enfrentar un pedido de prisión efectiva en el mes de agosto próximo, luego del final de la feria judicial y de los alegatos: según trascendió, esa es la pena que solicitaría el fiscal Diego Luciani.
