Diputados bonaerenses presentaron un proyecto de ley en la Legislatura provincial este viernes para que se prohíba el uso del lenguaje inclusivo en el Estado y en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto llega tras la medida adoptada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de regular dicho lenguaje.
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La iniciativa fue ingresada por el diputado de Juntos, Matías Ranzini, y su par de Avanza Libertad, Guillermo Castello. Según indica el portal 0221, busca “evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada comprensión de lo que se quiere comunicar, como así también evitar expresiones impronunciables verbalmente”, en referencia a la e y la x.
De acuerdo al articulado del proyecto, la prohibición del uso del lenguaje inclusivo alcanzará tanto a escuelas públicas como privadas en todos sus niveles e incluirá tanto lo escrito como lo oral.
Castello, que responde al sector de José Luis Espert, y Ranzini, que se referencia con Cristian Ritondo, afirman que el uso del lenguaje inclusivo representa “una posición claramente minoritaria de la sociedad, que de ningún modo puede reconocerse como una evolución espontánea del lenguaje”.
Qué dice el proyecto
El artículo 1 del proyecto establece la utilización del “idioma español conforme las normas que establece la Real Academia Española”.
El artículo 2 sostiene que “lo dispuesto en el artículo anterior importará la exclusión de toda información de reglas idiomáticas en general, y en particular las tendientes a reemplazar el uso del masculino genérico que, en nuestra lengua española, abarca a todas las personas, pertenezcan o no a dicho género, así como a la inclusión en las palabras de signos o letras que deformen su sentido u ortografía”.
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Penas por incumplimiento de la norma
El proyecto de ley además establece la posibilidad de que existan penas por incumplimientos a la norma. En este sentido, dice: “El funcionario público o agente que incumpla con lo ordenado en la presente ley incurrirá en falta grave y quedará expuesto a las responsabilidades administrativas que pudieran caberle conforme a los previsto en normas vigentes”.
