“Arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”. Una treintena de expresidentes de la región, entre los que se encuentran Mauricio Macri y el chileno Sebastián Piñera, repudiaron el proceso que llevó a la condena que recibió Jeanine Áñez por provocar “un golpe de Estado” en Bolivia contra su antecesor Evo Morales en 2019.
“Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento. Le han desdoblado las acusaciones con tipificaciones abrogadas”, señala el comunicado Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) firmado, entre otros exmandatarios regionales, por Macri, Piñera, Felipe Calderón (México) y Carlos Mesa (Bolivia). También firmó José María Aznar, de España.
Leé también: Angel Beccassino, el argentino detrás de la campaña “anti casta” del candidato colombiano Hernández
A tres meses del comienzo del juicio, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a 10 años de prisión a Jeanine Áñez, que ya estaba detenida hace más de un año. La exmandataria se declaró inocente y aseguró que fue sometida a un “simulacro de juicio”. También afirmó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia en 2019 y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.
Los exmandatarios que forman parte de IDEA le reclamaron “al Secretario General de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.
“El gobierno constitucional transitorio de Áñez igualmente fue reconocido por la comunidad internacional, incluyendo a Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Rusia, China y países de la región. La Unión Europea, el gobierno de España, la ONU y la Iglesia Católica actuaron como facilitadores de las discusiones entre el gobierno constitucional de transición y el partido de Morales. Gracias a esa tarea se convocó a nuevas elecciones y se eligió por unanimidad al nuevo Órgano Electoral”, destacaron los exmandatarios.
“La presidenta, en estricto apego a la Constitución, reconoció el resultado del proceso y dejó el cargo, como correspondía, el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, ganador de los comicios. Hoy, el presidente Arce reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad”, agregó el comunicado de IDEA.
