El inicio de la investigación que intenta determinar si existió un direccionamiento en la adjudicación de la compra de caños para realizar el gasoducto Néstor Kirchner podría generar complicaciones en la propia obra.
Es que si bien fuentes judiciales aseguraron a TN que la pesquisa en trámite “no debería retrasar la obra”, en la Casa Rosada admiten que la investigación “es una variable nueva” que puede afectar el avance del proyecto.
“Solo se obtuvo una copia judicial de los expedientes, no se deberían retrasar la adjudicación ni la apertura de sobres por otros tramos, no hay razón para demorar los procedimientos”, explicó a este medio una fuente de Comodoro Py. El caso se inició luego de que el exministro de Producción Matías Kulfas puso bajo sospecha la adjudicación en favor de la empresa Techint.
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Tras estos dichos se formuló una denuncia en Comodoro Py que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que ya efectuó una copia digital de toda la documentación vinculada a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.
En este sentido, el juzgado ordenó a la Unidad Delitos Económicos de Prefectura - la misma que a modo de ejemplo realizó la del Hotel Walldorf, propiedad de un supuesto testaferro K - que analice los papeles para establecer “si existió o no algún tipo de direccionamiento” en la adjudicación de la compra de caños.
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“Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizadas por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la señora Vicepresidenta”, lanzó Kulfas en su carta de renuncia.
Kulfas sostuvo que la licitación se realizó a medida del grupo empresario que finalmente ganó la adjudicación y dijo que “si en lugar de esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto de caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales)”. Sin embargo, esta última firma lo desmintió.
La Justicia investiga si hubo direccionamiento en la compra de los caños del gasoducto Néstor Kirchner
En este contexto, una fuente de la Casa Rosada le manifestó a TN su preocupación por las posibles implicancias del expediente. “Seguimos de cerca el caso con la posibilidad de que pueda generar demoras en una obra importante para nosotros”, manifestó. Por su parte, desde Energía Argentina aseguraron a este medio que la apertura de sobres es el 8 de julio.
“Los pliegos están en la web y puede acceder cualquier interesado. Si por esta situación alguna empresa no se presenta y las ofertas que llegan no cuadran, es algo que no podemos manejar”, explicó otra fuente. Claro que en caso de que la Justicia encuentre que efectivamente hubo un direccionamiento en favor de Techint la situación podría agravarse aún más.
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El ducto tendrá una extensión de 563 kilómetros entre la localidad neuquina de Tratayén y Salliqueló en el oeste de la provincia de Buenos Aires y atravesará Río Negro y La Pampa. El proyecto incorpora obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales.
Gasoducto Néstor Kirchner: el 8 de julio es la apertura de sobres para el resto de las compras
Aún deben adjudicarse la compra de válvulas, electrodos, tramos de medición, entre otros elementos. Por el momento solo se adjudicó las cañerías que ahora están envueltas en la polémica. La firma ganadora fue el grupo Tenaris, de Techint.
Esta firma proveyó los caños para realizar los 563 kilómetros de gasoducto. Se trata de una obra clave para evitar que el país gaste más de 3000 millones de dólares en importación de gas. Por esas tuberías va a pasar el gas que sale directamente de Vaca Muerta.
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En la denuncia están apuntados Agustín Gerez, presidente de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) y otros funcionarios del área que forman parte de los procesos de compra para el desarrollo del gasoducto. Hasta el momento no hay imputados y se espera que este viernes en calidad de testigo Kulfas declare ante el juez Daniel Rafecas.
De comprobarse alguna irregularidad, estos funcionarios quedarían en la mira por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
