Asociaciones de Fiscales argentinos expusieron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de integrantes del Ministerio Público que denuncian presiones del Estado por investigar al poder político. Se trata de Cecilia Goyeneche, Matías Edery, Luis Schiappa Pietra, Sebastián Narvaja, Adrián Mac Cormack, Fernando Rubio y José Arias, a cargo de la instrucción de causas de corrupción y el crimen organizado.
En la audiencia, que había sido pedida por la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), representada por Marcelo Varona Quintián, y la Asociación de de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, encabezada por Gisela Paolicelli, los fiscales señalaron situaciones que consideran “un grave ataque a la independencia judicial”.
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La acusación: se busca disuadir a otros fiscales
“Quien investiga causas de corrupción, termina siendo hostigado”, resumió en su exposición Varona Quintián. La letrada consideró que las presiones recibidas persiguen “un efecto disuasorio” en el resto de los fiscales, en todo el país. Paolicelli, por su lado, subrayó que en Santa Fe, “los delitos económicos tienen estrecha vinculación de causa y efecto con los hechos de sangre”.
Al mismo tiempo, la funcionaria hizo hincapié que en Santa Fe, “el sistema de Justicia quedó absolutamente subordinado al poder político” tras una reforma que le permite a la Legislatura la facultad de suspender, distituir y amostar a los fiscales. “Suspender a un fiscal es tan fácil como levantar la mano”, se lamentó.
“Nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”. “La Legislatura puede intervenir en cualquier denuncia que se haga contra un fiscal y usarla como excusa para disciplinarnos. Una verdadera espada de Damocles”.
“¿Hasta cuándo la impunidad?”, se preguntó luego de repasar el caso del senador Amando Traferri y una megacausa que develó los desmanejos de los subsidios. “El poder político hizo todo lo posible para dominar y someter a la Justicia”, coincidió el titular del AAF.
El rechazo del Estado argentino
En tanto, Andrea Pochak, de la Secretaría de Derechos Humanos, minimizó el reclamo y aseguró que los presentados eran casos aislados, no representativos. Y argumentó que los fiscales deben someterse a un sistema de control por su tarea. A la vez, se preguntó por qué la audiciencia no se hizo en el pasado -en referencia al macrismo- cuando, según su opinión, “hubo un real involucramiento de otros poderes en el judicial”.
Le respondió la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, suspendida con una quita del 30 por ciento de su sueldo, en medio de un juicio contra el exgobernador y actual embajador Sergio Urribarri: “Sí hay un patrón común en la investigación de causas de corrupción o cirminalidad organizada y es la reacción: feroces campañas de desprestigio y la puesta en crisis de los derechos económicos. El objetivo es generar una situación de inseguridad al fiscal que investiga”.
En la exposición también se planteó al organismo de la OEA la preocupación de los embates del Gobierno contra la Corte Suprema y la intención de modificar las mayorías en el Congreso para nombrar nuevo Procurador, puesto que en la actualidad ocupa de forma interina Eduardo Casal.
Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos que encabeza el juicio contra un exgobernador
Procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche encabeza la acusación en el juicio oral contra al exgobernador y embajador de Israel Sergio Urribarri por supuestos casos de corrupción. El equipo de fiscales pidió 12 años de prisión efectiva para el exmandatario e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En medio del proceso, un Jurado de Enjuiciamiento decidió iniciar un jury contra Goyeneche y suspenderla en el cargo seis meses. La medida generó inmediato repudio de los jefes de fiscales de todo el país que decidieron respaldar a su colega con un duro comunicado.
“Están tratando de romper la institucionalidad y eso habla de la falta de independencia de poderes”, señaló el comunicado del organismo.
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Goyeneche, a la vez, instruye la megacausa “contratos de la Legislatura”, un expediente que, según la propia fiscal, puso de relieve “una organización mafiosa, criminal que venía hace diez años simulando contratos y que sustrajeron de la Legislatura 53 millones de dólares”.
En ambas causas está implicado Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Urribarri.
Fernando Rubio, el fiscal de Neuquén que quiso investigar al Consejo Deliberante de Villa La Angostura
El fiscal Jefe de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén, Fernando Rubio, debió enfrentar un juicio político por pedido de legisladores del Frente de Todos a raíz del pedido de un allanamiento al Consejo Deliberante de Villa La Angostura, luego de que los ediles llevaron adelante una sesión que no estaba permitida por orden judicial.
Se trató de la sesión extraordinaria del 14 de enero, en la que se destituyó a Daniel Brito, exsecretario de Economía de la localidad, acusado por irregularidades en contrataciones.
Entre los testimonios recolectados durante la investigación de Rubio, “se desprende una posible situación que podría llegar a enmarcarse en un delito de falsedad ideológica de instrumento público”, indicó Río Negro.
José Arias, fiscal de Concordia que acusó a intendentes por peculado y fue perseguido
José Arias, fiscal del departamento de Concordia, en Entre Ríos, acusó en 2017 a Fabián Cevey por entonces intendente del municipio de Puerto Yeruá por el delito de peculado.
En un juicio abreviado, el exjefe comunal admitió su responsabilidad. Más tarde, imputó por el mismo delito al exintendente del municipio de Los Charrúas, Rubén Chaparro.
Según denunció la Asociación de Fiscales, durante las investigaciones, Arias fue perseguido mediante maniobras de diferente naturaleza con el fin de impedir u obstaculizar el proceso que involucró a otros funcionarios, entre ellos, el asesor legal de ambos municipios, Julio César Larrocca, que efectuó varias denuncias penales contra el fiscal, por violación de secretos oficiales, amenazas y coacciones.
Larrocca y uno de sus socios en su estudio jurídico, impugnaron ante el Senado provincial el pliego de nombramiento de Arias.
Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los fiscales antinarcos que no pueden investigar a un senador
Los fiscales que encabezan las principales investigaciones contra bandas narcocriminales y redes mafiosas en Rosario, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, encontraron varios obstáculos al querer continuar la investigación que liga al senador provincial Armando Traferri con el juego clandestino.
Para poder citar a Traferri a audiencia imputativa, debe prescindir de sus fueros, algo que no lograron pese a haber acudido a la Legislatura y la Corte provincial, razón por la que, ahora, recurrieron al máximo tribunal de Justicia del país.
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De esta manera, la causa se encuentra frenada hace meses. Traferri es un dirigente histórico del PJ en la provincia y es cercano a la vicegobernadora Alejandra Rodenas.
Desde que los fiscales comunicaron su decisión de imputar al senador, “tuvieron que soportar todo tipo de intimidaciones e intentos de intromisión”, denunciaron.
Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, desplazados cuando investigaban a senadores de Santa Fe
Los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja fueron desplazadas de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario cuando investigaban a senadores provinciales por el “desvío de fondos públicos y manejo arbitrario de subsidios”.
A partir de esa causa, según la denuncia ante la CIDH, los funcionarios provinciales comenzaron a ser “hostigados” e, incluso, sufrieron intentos de desacreditación emanados desde la Legislatura.
