La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó este jueves el pedido de su colega Lino Mirabelli para que se desprendiera de la investigación por las visitas VIP a la Quinta de Olivos durante la vigencia de las medidas restrictivas a la circulación por la pandemia de coronavirus.
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Por el contrario, la magistrada le pidió a Mirabelli que sea él quien se inhiba de seguir interviniendo en ese expediente y le envíe todas las actuaciones a su juzgado, donde -según entiende- deberán tramitar unificadas todas las causas.
Arroyo Salgado sostiene que es ella quien primero intervino en la investigación, y afirma que su colega Mirabelli “ha tomado conocimiento en las actuaciones hace apenas un par de días, pues nótese que con fecha 14 de septiembre del corriente año aceptó parcialmente la competencia territorial, por lo cual no se vislumbra que su remisión a esta judicatura atente contra una mejor y más pronta administración de justicia”.
Según esa perspectiva, Arroyo Salgado tuvo en su juzgado un expediente anterior, que se inició el 13 de agosto pasado, es decir un mes antes.
Si Mirabelli, tal como todo parece indicarlo, persistiera en considerar que es él quien tiene que continuar con la investigación, quedaría trabado un conflicto de competencia que deberá resolver la Cámara Federal de San Martín.
“La garantía constitucional de juez natural tiende a impedir la sustracción arbitraria de una causa de la jurisdicción del juez que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tiene, constituyéndose así, por vía indirecta en una verdadera comisión especial disimulada”, advirtió Arroyo Salgado.
En este contexto, y en una alusión indirecta a qué y quiénes son investigados en el expediente, la magistrada resaltó “la importancia que de cara al fortalecimiento institucional tiene el hecho de que la sociedad recepte las decisiones jurisdiccionales como verdaderos actos de justicia, sea cual fuere el sujeto pasivo de las mismas”.
Por último, la exmujer del fallecido fiscal federal Alberto Nisman resumió su postura: “Este Juzgado Federal de San Isidro resulta competente tanto en razón de la materia como de territorio para intervenir en los hechos denunciados en este expediente”.
Mientras tanto, el Gobierno nacional está en alerta por la posibilidad de que la causa que investiga la fiesta VIP en la residencia presidencial de Olivos pase al juzgado federal de Arroyo Salgado. En este sentido, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena había advertido que “no era lo más adecuado” que la magistrada tomara las riendas del caso al deslizar que no sería imparcial. La posible decisión de la jueza genera tensión en los pasillos de la Casa Rosada, que entienden que un posible movimiento en el caso podría afectar la figura del presidente Alberto Fernández, imputado en el caso.
