En el horizonte de Cristina Kirchner se estaría formando una verdadera tormenta judicial. Sin poder suficiente en el Congreso como para avanzar en las reformas del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal que el Ejecutivo tiene en carpeta hace más de un año, y considerando que los resultados de la elección de noviembre podrían agravar esa situación legislativa para el oficialismo, la vicepresidenta se enfrenta al peligro de que en las próximas semanas y meses las principales causas de corrupción que la involucran vuelvan a avanzar con fuerza.
Los Sauces y Hotesur
Se trata de las causas que más preocupan a la vicepresidenta por el hecho, fundamentalmente, de que fue procesada junto a sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El mayor peso de la acusación recae sobre la vicepresidenta y su hijo, actual jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, pero los tres fueron enviados a juicio oral.
La causa Hotesur investiga el alquiler de plazas hoteleras, como mecanismo de “retorno”, al empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero en otra investigación. En el caso Los Sauces son también sospechas de maniobras de lavado de dinero a través del alquiler de propiedades: la inmobiliaria de la familia Kirchner tuvo hasta el 2015 dos inquilinos, que representaron el 86% de la facturación e ingresos por $25.600.0000. Se trata de Báez y Cristóbal López.
Cristina Kirchner y Lázaro Báez están unidos por al menos 18 operaciones de compraventa de inmuebles. El empresario santacruceño administró sus empresas, fue inquilino de su principal inmobiliaria, y tienen en condominio un terreno. Como Cristina le heredó todos sus bienes a Máximo y Florencia, hoy ellos tienen un terreno en condominio con Lázaro Báez.
Una pericia que ingresó al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) confirmó las sospechas sobre Los Sauces S.A.: la inmobiliaria no tenía los fondos para comprar la cantidad de inmuebles que compró y luego puso en alquiler a favor de Báez y Cristóbal López. Para la Justicia esa empresa nunca tuvo fines comerciales sino que fue solamente una pantalla para lavar dinero. Nunca tuvo, siquiera, una oficina.
Según informó la periodista Lucía Salinas en TN, ingresaría pronto otra pericia sobre los Hotesur, la empresa hotelera de la familia Kirchner, que corroboraría también las acusaciones, que indican que la firma tampoco tenía fines comerciales sino que se utilizó exclusivamente para que parte del dinero que Báez recibía por contratos estatales durante el Gobierno K retornara a través del alquiler ficticio de habitaciones.
Los Cuadernos de las coimas
Cristina Kirchner fue acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por el cobro de sobornos, y enfrenta tres procesamientos: uno en la causa principal y dos en causas derivadas de la investigación original. Uno de esos expedientes conexos es la cartelización de la obra pública. La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la vicepresidenta y el juicio oral tiene que comenzar.
Según el fallecido juez Claudio Bonadio, que instruyó la causa, “se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles”. La operatoria está vinculada a Los Sauces y Hotesur, porque el dinero supuestamente lavado a través de las firmas de la familia presidencial provenía justamente de la cartelización de la obra pública y la digitación de adjudicaciones para beneficiar a empresarios “amigo”.
El Pacto con Irán: encubrimiento del atentado a la AMIA
A fines de agosto, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner pidió la nulidad de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, por la que la vicepresidenta es acusada de haber intentado encubrir el atentado a la AMIA. La denuncia original la hizo el fiscal Alberto Nisman cuatrodías antes de aparecer sin vida en su departamento de Puerto Madero, en circunstancia que todavía también se investigan.
A principios de septiembre, el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, pidió rechazar el planteo de la vicepresidenta y demás acusados para cerrar la causa. La decisión ahora queda en poder del Tribunal Oral Federal 8: los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini deben resolver en las próximas semanas si Cristina Kirchner finalmente irá a juicio o no.
Es quizás la causa más sensible en materia política porque a la vicepresidenta se la acusa a los ojos del mundo de haber encubierto el mayor atentado terrorista de nuestro país.
La Ruta del dinero K
El jueves 16 de septiembre, Sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó al juez Sebastián Casanello que defina la situación procesal de Cristina en la causa por lavado conocida como “La ruta del dinero K”.
En el 2018, el juez Casanello había dictado la “falta de mérito” de la entonces senadora y expresidenta. En 2019, la Sala II de la Cámara Federal había requerido “profundizar la búsqueda y reunión de elementos suficientes para determinar o descartar la pretendida vinculación de Cristina Kirchner con la causa”. Ahora, dos años más tarde, el juez federal debe tomar una resolución.
Por la ruta del dinero K, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión. La causa investigó el lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”: la detención de Báez se produjo en abril de 2016 luego de que se conociera un video de la financiera en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas investigadas contando varios millones de dólares.
