El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a Victoria Donda en el marco de la causa por supuesta malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, que se había desprendido de una denuncia que le realizó su empleada doméstica, Arminda Banda Oxa. La noticia fue confirmada a TN.com.ar por el entorno de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
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A finales del 2020, Donda se vio envuelta en un escándalo luego de que se conociera que su empleada doméstica la denunció por negarse a pagarle los aportes patronales y ofrecerle un plan social como compensación. A raíz de esto, a la funcionaria se le inició una causa por presunta malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, que quedó en manos del juez federal Casanello.
Para el magistrado la conducta de la titular del INADI no constituye un delito, ya que la Justicia, pese a que buscó determinar si se había ejecutado o al menos iniciado el acto administrativo por el cual Banda Oxa llegaría a ser nombrada en el ente nacional, no encontró documentación respaldatoria, por lo cual los dichos en un audio que se viralizó en redes sociales solo quedaron en palabras. Incluso, tampoco hallaron pruebas de un trámite para que la mujer pueda acceder a un plan social o un beneficio de similar calibre.
Cuál fue el paso previo en la causa
El pasado 4 de marzo, Casanello había vuelvo a rechazar el pedido para indagatoria a Donda presentado por el fiscal Guillermo Marijuán, sin embargo había dado la orden para realizar dos medidas de prueba.
La primera fue emitir una orden para que el INADI informe si se inició dentro de la administración del ente alguna “resolución, acto administrativo o contrato” que indicara la intención de la ex legisladora de dar trabajo dentro del organismo a su empleada doméstica; mientras que la segunda fue una solicitud similar pero para al Ministerio de Desarrollo Social en referencia a la oferta de un plan social.
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Según constaba en el expediente, “Oxa había sido empleada de la exdiputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en su domicilio. Pero una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. Aunque para la defensa los dichos de la ex legisladora fueron “en potencial” y no se podía comprobar “la obligación de renunciar ante el ofrecimiento”.
