La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió archivar parcialmente, por “inexistencia de delito”, la causa en la que se investiga el llamado vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud y del Hospital Nacional Posadas: de los 70 vacunados que informó el Gobierno, sólo cinco continuarán siendo investigados, entre ellos las hijas del expresidente Eduardo Duhalde.
Además, ordenó profundizar las pesquisas para saber qué responsabilidad penal pesa sobre el exministro de Salud, Ginés González García, que sigue imputado . También se continuará investigando el posible desvío de vacunas a Santa Cruz.
“Prácticamente todos aquellos que conforman aquel listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señala el fallo de Capuchetti.
Dentro de esas 65 personas, que según la jueza no cometieron delito, se encuentran el propio Alberto Fernández, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, y el subsecretario Marcelo Martín; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador en Brasil; Daniel Scioli y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, entre otros.
“La conducta moralmente reprochable de un funcionario que realiza una gestión para que personas allegadas reciban un trato especial en la aplicación de la vacuna, encuentra un gran problema relacionado con la carga emocional con la que percibimos esos hechos. No obstante, aunque pareciera haber un consenso a priori que quienes ocupaban lugares de gran trascendencia en el contexto que atravesamos incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético lo cierto es que ello, por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal”, sostuvo la jueza.
Según Capuchetti, “en el ordenamiento jurídico nacional (Código Penal y leyes especiales) no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”.
Es por esto que la magistrada decidió “archivar parcialmente” la causa en lo que refiere a la vacunación de estas 65 personas. Y continuar la investigación de las otras cinco que no se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios, entre ellas las hijas del expresidente Duhalde, María Eva y Juliana. Se formará así un nuevo legajo de investigación para este grupo de personas.
Según el fallo, se continuará con el trámite de la causa conexa que investiga la vacunación de los padres de la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, que recibieron su dosis en el primer día en que se abrió la vacunación en la Argentina.
También se continuará la investigación para determinar si existió un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.
