Mucho se ha hablado, escrito y polemizado en los últimos tiempos con la toma de tierras. Y lo ocurrido con algunas comunidades de pueblos originarios en la Patagonia, donde se vieron afectados terrenos públicos y privados, más aun. Pero lo resuelto por uno de los organismos estatales directamente perjudicados por estas usurpaciones en Villa Mascardi, Río Negro, llama la atención. Parques Nacionales no sigue adelante con la querella contra la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu por la propiedad de tierras al sur de Bariloche. La Fiscalía quedó sola en la investigación judicial que comenzó en noviembre de 2017.
La Administración de Parques Nacionales, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié, dejó caer el plazo para pedir la elevación a juicio como querellante contra la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que en noviembre de 2017 tomó terrenos que el ente público tiene en las afueras de Bariloche. Se trató de una franja de 30 hectáreas públicas y privadas, donde hubo sobradas muestras con fotos y videos de la ocupación.
Los intrusos deforestaron, causaron daños en las edificaciones y vandalizaron los bienes de los propietarios, públicos y privados. Por cierto que esta decisión adoptada por las autoridades de Parques Nacionales traerá impacto en otros expedientes penales en trámite, entre otros, los que impulsó el Estado sobre los terrenos que en algún momento pertenecieron a los empleados de Gas del Estado.
Según la resolución, antes de tomar la decisión de retirarse como querellante, el organismo consultó a la Procuración del Tesoro, que conduce Carlos Zannini, de qué manera debía proceder. Desde la dependencia que lidera a todos los fiscales del Ministerio Público le recomendaron “prudencia política”.
La resolución incorpora la recomendación de la Procuración: “(...) que según una doctrina de larga data la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política, que constituye una función ajena a este organismo, toda vez que las funciones de promover o contestar acciones están a cargo de las respectivas autoridades superiores del organismo pertinente (...)”. Claramente, una “sugerencia” a retirar los cargos contra los responsables de las tomas en Villa Mascardi.
Antecedentes de las usurpaciones
Así las cosas, ahora solo la Fiscalía mantiene la demanda de desalojo de la comunidad mapuche. Sylvia Little, fiscal subrogante del juzgado federal de Bariloche, basó buena parte de su estrategia jurídica en contar con la querella de Parques en la causa madre, en torno al cual se sumaron propietarios privados que consideran afectados sus derechos.
En 2017 se consolidó la toma de seis hectáreas en terrenos pertenecientes a Parques Nacionales. Hacia fines de ese año la violencia fue en aumento y hubo enfrentamientos con fuerzas federales en los que fue asesinado el activista Rafael Nahuel. En enero de 2018 las ocupaciones llegaron hasta metros de la ruta nacional 40, en una propiedad de Juan Grehan. Tranqueras tapiadas con barricadas, banderas identificatorias con la causa mapuche, pusieron una postal incómoda para los lugareños y un conflicto que terminó por desmadrarse.
En julio de 2018, Parque Nacionales denunció en la justicia de Río Negro la usurpación de un edificio donde estaba previsto refaccionar para inaugurar un centro de formación de Guardaparques. A esto siguieron otros atentados incendiarios y vandálicos con maquinarias viales y en un obrador de una empresa privada. Al año siguiente, en agosto, fueron incendiadas tres cabañas del camping Ruca Lauquen, perteneciente al Colegio de Abogados San José.
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En otro expediente, por la ocupación efectiva del predio de Gas del Estado, Parques Nacionales dejó planteado que no impulsa el desalojo por la fuerza de la gente mapuche sino que apuesta el diálogo. En ese caso no se promovió el desalojo como medida cautelar, como sí se hizo en la primera causa del 2017. La Asociación Gremial de Abogados de la Argentina, que representa a la Winkul en varias causas, advirtió que venció el plazo formal para que Parques formalizara la presentación de elevación a juicio.
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan, Cristian Colhuan, Joana Micaela Colhuan, todos pertenecientes a la Lof Lafken Winkul Mapu, estaban señalados como coautores del delito de usurpación previsto en el artículo 181 del código penal de la Nación. El principal querellante de esa causa, en la que se reclamaba el desalojo de esa agrupación, era el Estado a través de la Administración de Parques Nacionales.
La Lof Lafken Winkul Mapu, que lidera la machi Betiana, asegura reivindicar su pertenencia al linaje de un personaje histórico llamado Linkonahuel. Sin embargo, las autoridades de la provincia de Ríos Negro aseguran que no hay registro histórico de la presencia de ningún Linkonahuel a orillas del Lago Mascardi.
Los grupos de encapuchados cometieron otros actos de violencia en la zona de Villa Mascardi. Ocuparon y causaron daños en el viejo hotel de Parques Nacionales, en terrenos del Obispado de San Isidro y en cabañas particulares, como “La Cristalina”, perteneciente al vecino Diego Frutos, a quien agredieron por haber denunciado el hecho. El gobierno provincial, encabezado por Arabela Carreras, y el Nacional, con intervención de las ministras de Justicia, Marcela Losardo, y la de Seguridad, Sabina Frederic, armaron una “mesa de diálogo” que no tuvo resultados.
Diego Frutos, dueño de la saqueada cabaña La Cristalina en agosto de 2020, registró con fotos y videos los territorios ocupados ilegalmente en Villa Mascardi. En su recorrida se pueden ver los daños en los edificios ocupados, la tala de árboles añosos, la destrucción provocada por el fuego y el vandalismo que han dejado esta sucesión de incidentes provocados por los grupos mapuches radicalizados. Esto a riesgo de su propia seguridad e integridad física, ya que el propio Gobierno nacional (Ministerio de Seguridad) y la administración de Parques Nacionales, pidieron “pruebas fehacientes”.
“La violencia que hay en el sur la dejó Patricia Bullrich”, planteó en diciembre de 2020 la ministra de Seguridad Sabina Frederic con críticas a su antecesora. Como en el juego del Gran Bonete, nadie toma la decisión política para terminar con las usurpaciones. Y por lo visto, el Estado mira para otro lado.
* En colaboración con Rodrigo Saliva, corresponsal de TN en San Carlos de Bariloche
