El Gobierno anunció este viernes la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece modificaciones a la ley de vacunas con el propósito de incorporar los desarrollos de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson al plan de inmunización nacional.
La normativa, que busca agilizar las negociaciones con los laboratorios estadounidenses, prevé la eliminación de la palabra “negligencia” en las responsabilidades que les corresponderían a los fabricantes y crea el Fondo de Reparación COVID-19 para afrontar posibles indemnizaciones por eventuales daños derivados de las vacunas, según explicó la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en la conferencia de prensa que brindó junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.
“El Presidente Alberto Fernández dio la instrucción de iniciar conversaciones y encontrar la forma de compatibilizar las necesidades de los laboratorios con los intereses que tiene que proteger el Estado nacional. Esta compatibilización se logró tras un proceso arduo de los equipos técnicos y jurídicos luego de muchos meses de trabajo entre las partes”, indicó Ibarra.
El Gobierno busca destrabar el arribo de vacunas estadounidenses para acelerar la campaña de vacunación (hasta el momento, el 37,2% de los argentinos recibió al menos una dosis) y, puntualmente, avanzar en la inmunización de menores de 18 años. Por ahora, solo el desarrollo de Pfizer demostró ser seguro en adolescentes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, Moderna se encuentra en fase de estudio para su utilización en esa franja etaria.
A su vez, la medida busca destrabar la llegada al país de las vacunas donadas por los Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden anunció que cedería a varios países del mundo, entre ellos la Argentina, millones de dosis de Pfizer, Moderna y Janssen, aunque advirtió que cada país debía encargarse de adecuar sus marcos legales para que sea posible acceder a la donación.
Hasta el momento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no dio la aprobación para el uso de emergencia de la vacuna de Moderna ni la Johnson & Johnson. Solo fueron permitidas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y -aunque nunca entraron dosis al país- Pfizer.
“El DNU simplifica la negociación con TODOS los laboratorios y es el resultado de un proceso de conversaciones y negociaciones con aquellos que proveen las vacunas y habían manifestado la imposibilidad de contratar en el marco de la Ley de Vacunas dictada el año pasado (27.573)”, aclaró la Casa Rosada a través de un comunicado.
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Punto por punto, las claves del DNU
- El decreto establece modificaciones a la ley 27.573 que regula la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
- Se crea un Fondo de Reparación COVID-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna.
- El Fondo se crea para vacunas COVID y es un mecanismo que existe en muchos países del mundo y da tranquilidad a respecto de las contrataciones.
- También se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, el desarrollo, la producción o el suministro de vacunas, teniendo en cuenta que en los contratos a firmar se establecerá el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren.
- Además, respecto a la referencia a “maniobras fraudulentas, conductas maliciosas” en la ley se reemplaza por “conductas dolosas”, un concepto más claro y que es el que utiliza el Código Civil y Comercial.
- En materia de inmunidad de los bienes del Estado se va a eximir de inmunidad a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado. Todos los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos.
- El Fondo de Reparación se armó porque si alguna persona sufre un daño y pide una reparación tiene que existir la tranquilidad de que ese fondo es el que lo cubre y, si no, lo hará el Estado.
