Rodríguez Peña 80, Ciudad de Buenos Aires. La vieja estructura de un petit hotel es, desde 2016, el refugio político de Cristina Fernández de Kirchner. Un edificio antiguo con terminaciones delicadas en el que funciona el Instituto Patria - Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana, conocido también como el sitio desde donde parten las ideas más duras del kirchnerismo.
Por el alquiler de ese edificio Cristina Kirchner -presidenta honoraria- y Oscar Parrilli -titular del organismo- pagaron $186.000 por mes en 2018, según el último balance contable que el Instituto Patria presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y al que TN.com.ar accedió. Es solo uno de los conceptos que componen el documento que este medio muestra por primera vez.
El de 2018 es el último balance disponible, ya que el de 2019 no se presentó debido a que la asamblea de socios que debía firmar los documentos nunca se reunió por la pandemia de coronavirus. El correspondiente a 2020 está en pleno trámite en la IGJ y cerca de Parrilli le dijeron a este medio que el proceso culminará pronto. “Siempre cumplimos con todo”, indicó una persona de confianza del senador nacional.
Un análisis de TN.com.ar de ese balance permite identificar que el Instituto Patria recibió $4.149.910 en cuotas sociales, además de $26.442 en cuotas de ingreso. El dinero que el organismo percibió en este concepto no es un detalle menor si se tiene en cuenta que el kirchnerismo se niega a informar quienes son sus aportantes.
Los ingresos por cuotas sociales representaron el 59,34% de los recursos del Patria en 2018. En este sentido, en 2017 el bunker K había obtenido $2.448.080 de sus socios mientras que en 2016 unos $1.783.910, es decir que el aporte en este concepto se incrementó un 132% en dos años.
De hecho, en noviembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia cerró una causa en la que la IGJ durante el gobierno de Mauricio Macri le exigía a la entidad que informara quienes son sus aportantes. El año pasado la actual gestión de Ricardo Nissen desistió del recurso extraordinaria contra un fallo de la Cámara Civil y el máximo tribunal puso fin al expediente. Por esa acción el titular de la Inspección General de Justicia fue denunciado por la abogada Silvina Martínez -experta en corrupción-, que lo acusó de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nissen fue abogado de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur. Este medio reveló en enero de 2020 que había sido seleccionado para la IGJ, el organismo que, justamente, debe regular y controlar a esta y otras miles de empresas más.
El Patria también obtuvo $52.565 en donaciones y recaudó más de $165 mil en eventos.
Otro de los principales métodos de recaudación son los cursos. Según la información a la que accedió TN.com.ar el Patria cosechó $1.604.972 por esta actividad. Se dictaron varios y diversos: desde peronismo y feminismo, pasando por economía política y gestión; personas mayores; Estados Nacionales, entre otros.
Pero también hubo gastos millonarios: se pagaron $1.896.945 en sueldos; $2.232.931 en el alquiler del edificio - $186.077 por mes -; 238 mil pesos en teléfono e internet; $296 mil en honorarios profesionales y $381 mil en energía eléctrica, entre otros ítems.
En 2017 el alquiler del edificio era de $1.263.522 por año y en 2016 de $580 mil, es decir que en solo dos años Cristina Kirchner y Parrilli tuvieron que afrontar una suba del precio de 284.99%, algo que en su momento llamaba la atención de las autoridades de la IGJ.
El Patria tuvo ingresos por $6.992.879 (además de $213 mil de plazos fijos y ajuste por inflación) y egresos por $6.831.060, lo que da un total de fondos disponibles al fin del período 2018 de $317.969. El patrimonio neto ascendía a ese año a $1.429.011.
El misterio de los socios del Patria
Un manto de sospechas gira en torno a quiénes son los socios que mes a mes aportan dinero para sostener la estructura del Patria, que desde hace años se niega a entregar esos documentos con el argumento de que implican una violación a los datos personales de los aportantes y que estos luego podrían ser utilizados para una persecución política.
En 2020 el Estado dejó en claro que ya no tenía interés en saber quiénes eran esos aportantes y tras la decisión de la IGJ de retirar la demanda que habían iniciado la anterior gestión macrista, a la Corte no le quedó más opción que cerrar el caso. Aún persiste el misterio sobre quiénes están detrás del Patria.
