El Frente de Todos avanzará este martes con la reforma del Ministerio Público Fiscal, una ley que apunta a remover a Eduardo Casal, actual procurador interino de la Corte Suprema, Además de la remoción de Casal, enemigo acérrimo de Cristina Kirchner desde que dictaminó ante la Corte Suprema la validez de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, el proyecto tiene varios puntos a modificar.
La propuesta del oficialismo es que el procurador sea elegido por mayoría absoluta del Senado, es decir, la mitad más uno del total, en vez de la mayoría de dos tercios que rige en la actualidad. También reduce el mandato de ese funcionario a cinco años y con la posibilidad de ser reelecto una sola vez (ahora el cargo es vitalicio).
El documento del oficialismo también establece que el procurador solo podrá ser removido por razones de mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Pero atención, y aquí es donde flaquea o se vulnera la independencia de poderes: se dispone que el proceso de remoción podrá iniciarse por decisión del Poder Ejecutivo o a pedido de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados. En ambos casos, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
El avance del proyecto y la posibilidad de que el oficialismo ya tenga los votos para su aprobación en Diputados puso en alerta máxima a los legisladores de Juntos por el Cambio que inmediatamente convocaron ayer a las 19 una reunión remota de su mesa nacional.
El encuentro fue pedido, con los nervios de punta, por el presidente del interbloque en Diputados, Mario Negri. “La Justicia está en peligro”, exclamó, dejando atrás cualquier sobremesa dominguera y mucho menos la previa del superclásico Boca-River.
En el encuentro virtual estaban los jefes partidarios, gobernadores que deberán dar instrucciones precisas a sus diputados y figuras clave como el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto y Roberto Lavagna. El exministro se comprometió a que los legisladores que le responden rechacen in límine el proyecto.
Esta reunión de urgencia fue porque en la oposición están convencidos de que el oficialismo quiere sacar dictamen el martes sorpresivamente. Aparentemente solo les faltaría cuatro votos que no les sería difícil conseguir. “Este proyecto merece el rechazo de Juntos por el Cambio porque esta ley no es urgente, no responde a las necesidades que tienen los argentinos. Hoy además lo rechazamos porque lo que quieren es borrar a los fiscales independientes. Lo que quieren es quitarles la libertad a los argentinos. Quieren garantizar la impunidad”, dijo el diputado radical luego de la reunión.
”En el momento de mayor dolor y angustia de los argentinos, aprovechan esta emergencia para quedarse con el Ministerio Público. Vamos a hacer lo imposible para evitar que esta ley salga”, continuó.
En la reunión se analizó también la necesidad que el plenario de comisiones convocado para el martes sea si o si presencial. Para esto se estudió una presentación ante Sergio Massa para que aplique los términos de una resolución de los ministerios de Salud y de Trabajo que autoriza a los empleadores a “convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras que estaban dispensados de concurrir presencialmente, que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.
Llegar mañana a la Comisión con los votos casi asegurados es, en gran parte, gracias a los diferentes encuentros que mantuvo el ministro de Justicia, Martin Soria, con los sectores involucrados. A Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales, le prometió que el proyecto tendrá reformas que mejorarán el rigor del sistema de enjuiciamiento y dará más atribuciones a cada fiscal.
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Es cierto también que no son pocos los que dudan de las promesas de Soria. El problema es que no saben hasta donde está legitimado su poder como ministro. No olvidemos que su antecesora Marcela Losardo, quedó totalmente eclipsada en las decisiones ministeriales por su segundo, el ultra kirchnerista Juan Martin Mena quien nunca dejo de manejar los hilos del poder en los cambios que su jefa política, Cristina Kirchner, aspira dentro del Poder Judicial.
Ya son varios los que miran de reojo a Soria y creen que, a pesar de las buenas intenciones, finalmente el cristinismo no avalará los cambios prometidos con el objetivo de manejar a la Justicia en un futuro no muy lejano.
Las cartas ya están en la mesa y el partido comienza mañana. En principio el oficialismo se mantiene muy firme en su plan de emitir en el momento el dictamen de comisión y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja. Confían, ahora si, en poder lograr la reforma del Ministerio Público Fiscal y avanzar con la designación de un procurador definitivo, una de las tantas obsesiones que tiene el kirchnerismo con el Poder Judicial.
